Llamale Ache

No puede haber dos opiniones sobre las gravísimas denuncias formuladas anteayer por la exsubsecretaria Carolina Ache en Fiscalía. También es incuestionable que las responsabilidades políticas que señala, ameritan renuncias como la que presentó el canciller Francisco Bustillo.

El hecho precipita una frustración que contrasta con indudables logros del gobierno en áreas sensibles como la protección social, la transformación educativa, el abatimiento de la inflación y la recuperación del empleo y el salario real.

Hay dos puntualizaciones, sin embargo, que vale la pena realizar en esta hora difícil, de inesperada crisis en su credibilidad.

Primero, aunque menos importante, poner en duda el elogio que se hizo en las últimas horas al periodismo, como supuesto desencadenante de la denuncia. El periodista del semanario Búsqueda no desarrolló una tarea investigativa digna de encomio. Hizo simplemente lo que debía hacer en cumplimiento de su misión profesional: publicar aquello que llegó a sus manos, intencionadamente enviado por la protagonista del escándalo.

Y aquí vamos a lo segundo, que es la participación de la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, Dra. Carolina Ache. Ya se están leyendo por ahí opiniones de políticos opositores y analistas que la elogian por su actitud. Son los mismos que la defenestraban hace un año, en ese afán permanente de apuntar a cualquier persona o excusa con que atacar al gobierno.

Quienes tratamos de analizar los hechos de ayer y de hoy con objetividad -reafirmando que se debe llegar hasta el hueso en las responsabilidades políticas inherentes a ellos- no podemos menos que contrastar los dichos actuales de la Dra. Ache con los que declaraba en ocasión de su renuncia al cargo, en diciembre de 2022. En aquel pasado no tan lejano, justificaba su dimisión en “la circunstancia de que el sector Ciudadanos esté actualmente evaluando la posibilidad de retirarme la confianza”. Once meses después expresa a la prensa que lo hizo por negarse a cometer un delito. La verdad es que hay un abismo entre una y otra versión del mismo episodio.

Si había pasado todo lo que ahora sabemos que pasó, ¿por qué no lo dijo hace un año? ¿A qué se debió que se tomara tanto tiempo en transparentarlo, si para ella era todo tan turbio? Formando parte del gobierno, ¿no debió advertir esas inconductas primero al presidente de la República, o haber renunciado enseguida para comunicárselas al Parlamento? ¿Actúa correctamente la persona que graba conversaciones telefónicas con su superior inmediato sin pedir su consentimiento? ¿Es de recibo aceptar el pedido de borrar determinados chats, pero al mismo tiempo ocultar que los tenía respaldados? No está demás dejar en claro que, con estas preguntas, no estamos avalando la inconducta de los implicados en la crisis. Lo que no podemos evitar es marcar el tufillo a manipulación de quien, explícitamente aconsejada nada menos que por el exfiscal de Corte Jorge Díaz, se dedica silenciosamente a acumular evidencia documental para largarla a los cuatro vientos a menos de un año de las elecciones.

Es difícil no comparar este comportamiento con el que ella misma tuvo en ocasión de la puesta en duda del título de licenciado del exministro Adrián Peña. En aquella oportunidad trascendió que su abogado, el mismo Dr. Jorge Díaz, había consultado a la Universidad Católica sobre la existencia del tal título, en otra movida de vendetta personal que no la dejó bien parada a ella, pero que Díaz habrá disfrutado desde su inveterada militancia opositora. La sonrisa del exfiscal de Corte al ingresar a la audiencia el miércoles, detrás de la denunciante, es una imagen que vale por mil palabras.

Hasta ahora, el único vínculo tangible entre las decisiones del gobierno y los acontecimientos que desembocaron en la liberación de Sebastián Marset en Dubái, es una reunión que la Dra. Ache mantuvo con el abogado del narcotraficante. Si puso tanto empeño en grabar conversaciones privadas con su superior inmediato y archivar distintos chats, podría haberlo puesto en evitar esa reunión o aportar una justificación razonable por haberla mantenido.

Pero en cambio, la comprensible gravedad de lo que reveló, solo justificable por la informalidad con que se comunica un círculo de extrema confianza, se llevará puestos a más de un integrante del gobierno.

Es una circunstancia penosa que pone de manifiesto cuánto debe seguir trabajando la Coalición Republicana, tanto en la depuración de sus filas como en la lealtad de sus dirigentes.