Libertad de prensa

Cada seis meses, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) convoca a una asamblea general para actualizar sus informes sobre el estado de los diarios y demás periódicos en el hemisferio, examinando ante todo -en los países que integran el organismo- la situación que se vive en materia de libertad de expresión, uno de cuyos índices más sensibles es la libertad de prensa. El último de esos encuentros semestrales de la SIP tuvo lugar hace unos días en Asunción del Paraguay, al que asistieron como es habitual delegados de los 1.300 diarios y otras publicaciones del continente que figuran en la nómina de la institución.

El panorama que surge del balance efectuado entonces por la SIP no es tranquilizador. "Los problemas que afectan a la prensa no han cambiado -dijo el presidente de la entidad- dado que continúa aumentando la violencia física contra periodistas y los atentados perpetrados contra algunos medios, mientras en muchos países hay un deterioro de las relaciones entre los gobiernos y la prensa, y en otros persiste el uso inapropiado de fondos públicos para discriminar y presionar mediante la desigual asignación de la publicidad oficial", favoreciendo con ella a los medios que editorializan a favor del gobierno. Durante la asamblea celebrada en Asunción se denunció asimismo "que a pesar de las campañas desplegadas por la SIP", persisten los casos de periodistas asesinados en el ejercicio de sus funciones.

En efecto, durante los primeros dos meses del año en curso se registraron cuatro asesinatos de periodistas, dos de ellos en México, uno en Venezuela y uno en Paraguay, que deben sumarse a los trece que sucedieron a lo largo de 2008, un cuadro cuya gravedad se acentúa porque casi todos esos crímenes han quedado impunes. Matar a un periodista por el coraje con que escribe sobre la corrupción o el abuso de poder, configura un extremo criminal dentro del surtido de herramientas de intimidación con que ciertos centros de autoridad operan para limitar la libertad de prensa y de paso asustar a los que siguen con vida, fomentando así el ejercicio de la autocensura.

Otros aspectos de la situación actual también inquietan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyos voceros advierten a la opinión pública sobre "los mecanismos cada vez más sofisticados con que ciertos gobiernos de la región limitan el ejercicio del periodismo". Ese llamado de atención fue formulado por representantes de la CIDH en las sesiones de la asamblea de la SIP, pero se agregó que "el hostigamiento sufrido por los medios de comunicación de parte del poder político, se complementa con la falta de sensibilidad de la sociedad frente a la libertad de expresión". Dicen eso porque está comprobado a través de encuestas que una mayoría de la gente estaría de acuerdo en sacrificar parte de sus derechos y libertades (incluida la libertad de expresión) para obtener a cambio una mayor seguridad pública. Claro que allí no habría que señalar solamente la falta de sensibilidad con que las sociedades encaran esa alternativa, sino también los grados a veces enloquecedores de inseguridad que padecen dichas sociedades, un extremo capaz de alterar su orden de prioridades.

Pero en el centro de las preocupaciones manifestadas por el informe de la SIP, figura como siempre la agresión (verbal o de hecho) cometida por algunos gobiernos contra órganos de prensa de tendencia opositora. Ese panorama no incluye sólo el hecho de que tales campañas busquen desacreditar o demonizar a dichos órganos, sino que intenten "avivar las llamas del odio" entre distintos sectores sociales. De manera sigilosa, ciertos gobiernos manipulan asimismo "centros de transmisiones y publicaciones para convertirlos en brazos de propaganda" que puedan funcionar a su servicio, así sea furtivamente. A todo ello se añaden indicios de debilitamiento en la industria periodística norteamericana, que se traducen en cierre de publicaciones, apremios financieros y oleadas de despidos, lo cual a su vez se refleja en el creciente desvalimiento del resto de la prensa hemisférica. Porque los grandes diarios de Estados Unidos han jugado un papel de guardianes, vigilando casos de corrupción o autoritarismo que puedan ocurrir en la región y denunciándolos cuando corresponde. Con menos vigilancia, menos periodistas en actividad y menos denuncias, habrá también más abusos y más impunidad.