Leyes: de mal en peor

El Colegio de Abogados ha creado una comisión de "monitoreo" de los proyectos legislativos en trámite. Y, además, se propone gestionar ante los legisladores la instrumentación de un procedimiento que le permita asesorar a los mismos en la redacción de las leyes, que, jurídicamente, es cada vez peor. No creemos que su iniciativa tenga éxito. Hace pocos años, a propuesta de un Presidente de la Cámara Baja, un ex legislador -abogado, por supuesto-, dictó un cursillo de técnica legislativa. Al mismo sólo asistieron funcionarios y algunos secretarios de diputados. Estos no se dignaron ocupar su tiempo en aprender algo que es inherente a su función: cómo se deben redactar las leyes.

El Colegio denuncia, con toda razón, un "franco deterioro técnico" en el contenido de las leyes. Y también de los decretos. Lo que evidencia que la responsabilidad por la mala legislación no corresponde al Parlamento en régimen de exclusividad. La mayoría de las leyes más importantes, comenzando por las presupuestales y de rendición de cuentas, que suelen contener disposiciones disparatadas -o con encubierto nombre propio- son proyectadas a nivel del Poder Ejecutivo.

Claro que luego, la mayoría de estos errores u horrores jurídicos no son detectados ni enmendados por los legisladores. No es de extrañar que así sea, cuando de los noventa y nueve diputados sólo nueve son abogados. Y la proporción, de letrados, en el Senado, es apenas algo superior.

Cuando la Comisión de Salud del Senado estudió el proyecto de ley que transformaba a ASSE en un servicio descentralizado, tuvo el tino de consultar a un constitucionalista y a un administrativista. Ambos coincidieron en que la mayoría de las 22 disposiciones proyectadas eran deficientes, desde el punto de vista técnico jurídico.

Una de ellas llegaba al extremo insólito de facultar al Presidente de su Directorio de cuatro miembros, cuando se adoptaban resoluciones que él votara en contra, a revocarlas en acuerdo... ¡con el Presidente de la República! ¿A qué extraño órgano se imputarían los actos provenientes de ese dúo tan desparejo? ¿Y cuál sería su régimen de recurribilidad?

Ante las demoledoras críticas, que fueron puestas en conocimiento de la ministra Muñoz, ésta autorizó a la Comisión de Salud a rehacer el proyecto. Tarea que está careciendo de guitarreros con uñas para llevar a cabo esa tarea, la encomendó al senador Korzeniak. Este podó sin piedad aquel articulado mamarrachesco y lo redujo a sólo seis disposiciones correctas, que fueron las finalmente sancionadas.

El problema es muy grave, sin duda. No se trata de una preocupación de abogados puntillosos, que, por deformación profesional, miran todo desde la óptica jurídica. El Derecho es el lenguaje del Estado. Dicho lenguaje tiene su abecedario, compuesto por una diversidad de categorías de actos jurídicos. Y la más tradicional e importante de sus letras es, después de la Constitución, la ley. La vieja "lex" de los romanos.

Si ésta es confusa, farragosa, inarmónica y hasta contradictoria en su articulado, si éste no guarda "la debida correspondencia y armonía" a que aludió con razón Narvaja en el art. 20 de su Código Civil, si es contradictoria con otras leyes o, peor aún, con la Constitución, ello no sólo será un gran dolor de cabeza para los operadores del Derecho -jueces, abogados, docentes, asesores de empresas y del propio Estado-, sino que transformará al orden jurídico, por algo llamado así, en un desorden.

Cundirá -ya ha cundido- la inseguridad jurídica, en grave perjuicio de los particulares, lo que siempre es un semillero de problemas y de litigios. No se trata, pues, de un asunto de menor cuantía. Todo lo contrario. No es por casualidad, sino como consecuencia de la pésima legislación, que en los últimos dos años, por lo menos, han proliferado las demandas multitudinarias contra el Estado, así como las acciones de inconstitucionalidad de igual carácter.

Señores legisladores: las leyes, -salvo los Códigos-, cuanto más breves mejores son. Y sus disposiciones deben ser claras, concisas, armónicas entre sí y respetuosas de la Constitución. Si ustedes no pueden garantizar que sea así, acepten el patriótico ofrecimiento del Colegio de Abogados. O consíganse otros asesores con versación en la ciencia jurídica. Legislar bien es, quizás, su principal deber.