Ayer publicamos los inquietantes resultados de la evaluación “Informa 2023”, que midió las habilidades de lectoescritura de 4.703 estudiantes de carreras de formación docente, tanto de instituciones públicas como privadas, específicamente de aquellos que ingresaron a cursarlas en el corriente año. La muestra es más que representativa, porque ese número de estudiantes es el 83,9% del total.
La crónica del periodista Agustín Magallanes da cuenta de “un escenario preocupante” donde “más de la mitad, el 55,8% de los que hicieron la prueba de producción escrita tuvieron un resultado ‘bajo’ o ‘muy bajo’, así como el 38,3% en la evaluación de comprensión lectora”. Agrega que el presidente de ANEP Robert Silva ha reconocido que esta evaluación “nos da un baño de realidad”. Valoró su importancia para el diseño de refuerzos pedagógicos en ese avanzado tramo de la enseñanza y dio un dato más que no debería pasar desapercibido: el país había dejado de realizar estas pruebas en 2005. Una nueva evidencia -complementamos nosotros- del deterioro consciente que perpetró el ciclo de gobiernos frenteamplistas sobre el sistema educativo.
La realidad es incontrastable: si más de un tercio de los estudiantes que ingresan a cursos de magisterio y profesorado tienen dificultades de lectura, y más de la mitad escriben mal, no hay que ser experto para darse cuenta del pernicioso impacto que tendrán estas carencias en las nuevas generaciones.
En un país donde un puñado de treinta estudiantes del IAVA encaprichados con conservar su salón gremial se adueña de la agenda periodística, parece que no importara este otro diagnóstico que es sin duda mucho más grave.
Obviamente las autoridades educativas ya están tomando decisiones a partir de los datos recabados. El presidente del Consejo de Formación en Educación (CFE), Víctor Pizzichillo, anunció que los estudiantes deberán asistir a un Taller de Escritura obligatorio y cursos de acompañamiento.
Claramente habrá que seguir monitoreando los avances de la transformación educativa en primaria y secundaria, que es donde debería afianzarse la lectoescritura, dentro de un contexto sociocultural en que los niños y adolescentes consumen contenidos cada vez más audiovisuales y menos textuales. Un ámbito que privilegia el entretenimiento vacío a la reflexión y el sentido crítico, donde la Intendencia de Montevideo se precia de hacer política cultural cuando firma contratos millonarios con cantantes de dudoso nivel.
Pareciera que todo formara parte de un mismo paquete: mientras gobernaron el país, entregaron la educación a gremios radicalizados; ahora que siguen al mando de la capital, invierten en cultura estupidizante. Al mismo tiempo, desde la oposición cargan sin argumentos contra una reforma educativa que era imprescindible y urgente en los hechos.
Cuando se pasa raya y se ven los resultados de estas políticas, nos hallamos ante una crisis sistémica, de futuros docentes insuficientemen- te capacitados para revertirla. Cualquiera diría que dichas políticas fueron fruto de la improvisación, pero también se puede conjeturar que las ejecutaron en forma plenamente intencionada.
Los mismos que militaron con propósito electoralista la pandemia y la sequía, recurriendo un día sí y otro también a falacias y mentiras para persuadir a incautos; los mismos que defienden aún hoy a una organización que tras la excusa de proveer a ollas populares manejaba en forma turbia recursos del Estado, son los que apostaron durante un largo período a la debacle educativa. No quieren una ciudadanía pensante; la desean cautiva de corsés ideológicos machacones y superfluos.
Paradójicamente, insisten en usar “lenguaje inclusivo”, inventando palabras ridículas que terminan con “e” y con “x”, pero no parece inquietarles que más de la mitad de los futuros docentes sean incapaces de entender un texto de 250 palabras.
El daño está hecho, pero el diagnóstico importa para seguir revirtiéndolo. La lectoescritura debe ser prioritaria en los planes escolares y liceales y mucho se está haciendo al respecto. Solo a modo de ejemplo, desde hace dos años el Plan Educativo-Cultural de ANEP promueve concursos nacionales de debate, en los que se incentiva que los estudiantes desarrollen la capacidad de expresarse argumentativamente, oponiendo conceptos en defensa de posiciones contrastantes. Por ahí debe ir el esfuerzo de un Estado que quiere formar ciudadanos, como lo diseñó Varela, en lugar de criar masas dóciles a la manipulación y la mentira.