Las excusas de siempre

Si no fuera porque se refería a una situación dramática (el asesinato de una joven liceal en manos de su exnovio), el título del diario del sábado pasado hubiera sido muy rutinario.

“Alertan problemas para cumplir pasos de la ley de género”, afirmaba dicho titular en la primera plana, seguido de un informe sobre las distintas dificultades que existen para aplicar la ley y que quizás, de no haber existido tantos problemas, se hubiera evitado esa trágica muerte.

No es sobre este caso estremecedor y muy particular que queremos referirnos en esta ocasión. Pero sí marcar que con demasiada frecuencia, una ley aprobada con el fin de resolver un problema (o por lo menos atenuar sus efectos), termina siendo un problema en sí misma.

Esto sucede una y otra vez. La cantinela es siempre la misma.

“Hay problemas para cumplir la ley” (y que cada uno luego le ponga el nombre que quiera a la ley), “la ley no provee los instrumentos necesarios para que pueda ser efectiva”, “no se pensó en capacitar gente para aplicarla”, “no hay suficientes recursos para ponerla en práctica”.

Estos son algunos de los argumentos (hay muchos más y son todos de similar tenor) que se escuchan una y otra vez cuando queda en evidencia que ante determinadas situaciones, la ley que prometía resolverlo todo resultó ser problemática.

¿En todos esos casos, la culpa es realmente de una ley mal elaborada? ¿Hubo elementos que no fueron tenidos en cuenta a la hora de cerrar su redacción? ¿Hay un problema de impericia por parte de los legisladores y sus asesores?

Estas son las primeras preguntas que surgen cada vez que la letanía aflora en los medios. Pero también corresponde analizar si el problema no reside en otro lugar.

Aburre lo repetido del argumento de que es imposible aplicar una ley porque el organismo que debería ponerla en marcha no cuenta con suficiente personal o este no fue debidamente capacitado para hacer su trabajo.

En un Estado que desborda empleados públicos, sostener que falta gente es, a esta altura, ofensivo. El contribuyente, el que con sus impuestos paga los sueldos de los funcionarios, no tiene por qué tomarse en serio ese argumento. Si falta personal, se redistribuye. Y si aún así sigue faltando, se trabaja con lo que hay, como ocurre en todos los ordenes de la vida. ¿En cuántas empresas e instituciones privadas se trabaja con menos personal del ideal y las cosas igual salen?

El otro argumento es el de no contar con gente capacitada para trabajar en el terreno indicado por la ley.

Lo lógico es presumir que ciertos organismos públicos, dadas las funciones que cumplen, cuentan con gente que tiene formación profesional o, al menos, es competente en algún oficio o especialidad. Por lo tanto, lo lógico sería que gracias a esa formación no siempre sea necesario que desde arriba alguien organice una capacitación especial. Ese personal ya cuenta con las herramientas básicas como para interiorizarse respecto al contenido de una nueva ley, y maneja instrumentos elementales como para saber dónde buscar la información y el conocimiento complementario.

La queja parece indicar que hay gente que espera sentada a que alguien o algo desde arriba, decida algún día iluminarlos. Es probable, sin embargo, que “arriba” ni siquiera haya nadie preparado para ese trabajo dado que la ley aborda temáticas novedosas. Por lo tanto correspondería que el propio personal cuya tarea esté afectada por la nueva norma, intercambie ideas, busqué bibliografía, compare investigaciones y haga las suyas propias a medida que va haciendo cumplir la ley.

Esto también, hacen organizaciones y empresas cuando deciden dar un paso en algún terreno aún no explorado.

El más repetido de los argumentos es que la oficina encargada de poner en marcha lo resuelto por una nueva ley, no cuenta con recursos para hacerlo.

Es tan reiterada la excusa que ya nadie le presta atención. Nunca habrá la cantidad de recursos ideales para afrontar estos desafíos. Por lo tanto, hay que arreglarse con lo que se tiene y no usar el argumento como coartada para no cumplir con las obligaciones que corresponden.

Hace falta esclarecer entonces, si las leyes están mal hechas y el problema está en su origen, o si lo que hay es un reflejo casi atávico de las burocracias a encontrar excusas muy repetidas para decir que no harán lo que deben hacer.