Las cuotas por venir

Dentro de diez días vencerá el plazo para que, aproximadamente 109.534 contribuyentes, jubilados o en actividad, radicados tanto en Montevideo como en los más remotos rincones del interior del país, hagan efectivo el pago de la segunda cuota complementaria del impuesto a la renta de las personas físicas y/o del impuesto a la asistencia a la seguridad social, que lo sustituyera, de acuerdo a un monto total que surgiera de las declaraciones juradas cuya presentación debió realizarse antes del 10 de julio pasado. Esa fecha no fue antojadiza, sino que se determinó para poder aplicarle, a quienes no lo hubieren hecho en un plazo anterior, la exigencia del pago de la primera cuota el 13 de julio pasado. Este impuesto, en su versión inicial de impuesto a la renta y en la corregida, de impuesto a la seguridad social, configura el estigma mayor que acompañará la gestión de este gobierno, y que más allá de inconstitucionalidades aprobadas o rechazadas por mayoría de la Suprema Corte de Justicia, significa un duro golpe a quienes perciben su jubilación o pensión o que deben trabajar en más de un lugar para poder subsistir con sus familias o simplemente para poder superarse.

Es así como, por sobre las consideraciones jurídicas y los diferentes enfoques que puedan realizarse sobre el tema, no puede disimularse la presencia de un caso de injusticia tributaria, ya que el trabajador, el jubilado o el pensionista, contribuyeron con sus aportes durante toda una vida de actividad; siguieron aportando con lo que se les descontaba por mes de sus ingresos; continuaron siendo saqueados con más descuentos por el ejercicio 2007, que pagaron el año pasado y ahora siguen atados al yugo tributario, por complementos, en muchos casos de centenares o varios miles de pesos, correspondientes al primer y al segundo semestre del año 2008. Quienes optaron o se vieron obligados a pagarlos en cuotas, emprendieron así un pesado y largo camino que se abrió el 13 de julio pasado, y por el que deberán continuar transitando el 13 de agosto, el 14 de septiembre, el 13 de octubre y de noviembre y el 11 de diciembre; o sea que las elecciones de octubre, los encontraran a pocos días de haber sido objeto de una nueva exacción, preparados para que les sigan sacando dinero del bolsillo por dos meses más y enfrentados, (es de esperar que ello no ocurra), a comenzar de nuevo su pasaje por el mismo sendero el año que viene, soportando la más discutida y pesada carga que se ha lanzado sobre sus hombros.

Todo el Frente Amplio se alineó detrás de esa mole impositiva, que tiene un padre legítimo y reconocido, que sigue defendiéndolo junto a una serie de padrinos que lo hicieron posible en uso y abuso de una mayoría parlamentaria que no tuvo valor para rebelarse, y que continúa ignorando lo que ella significa en la economía familiar. Es por eso que, dentro de los temas de los cuales no podrán liberarse y que están empujando a defender a sus militantes, el impuesto a la renta y el de la seguridad social ocupan un lugar preponderante, junto a una ley de Salud, deficitaria y parcial, y una crisis en la seguridad ciudadana, que no han sabido enfrentar, pese al cambio de titulares y de la cual son testigos, ya no sólo los habitantes de Montevideo, sino también los de todo el país, sin que puedan olvidarse los casos de inmoralidad administrativa que tuvieron su origen en el Ministerio de Desarrollo con la contratación de un yerno, dos consuegros, la esposa de un sobrino y otra de un camarada, que llegó hasta el viejo Hospital Maciel y que, cuatro años más tarde, como acaba de ocurrir, sigue encontrando formas de manifestarse.

Junto al buque insignia, como se llamó a la ley de Salud, toda la flota hace agua por los dos costados, y en su hundimiento, se está arrastrando una criticable gestión y los ingresos de muchos hogares uruguayos.

Por eso, merece destacarse que dentro de los diez puntos adelantados por el Partido Nacional para aplicar una vez que se obtenga el gobierno, se encuentra precisamente la eliminación del IASS y el IRPF, lo que deberá recibirse como una consagración de verdadera justicia tributaria. Todos tienen la obligación de contribuir a que ello sea posible, demostrando a los responsables la disconformidad y el rechazo sobre la aplicación de instrumentos que afectan, en gran parte, a quien trabaja o a quien se jubiló y sobre todo, a una clase media, que es la que ha hecho posible, en gran parte, este hermoso pedazo de tierra.