La siniestra “Cárcel del Pueblo”

El Ministro de Defensa Javier García, anunció el lunes pasado que la denominada Cárcel del Pueblo, un centro de reclusión clandestino que utilizó hasta 1972 el Movimiento Nacional Tupamaros (MLN)-Tupamaros, será un lugar de memoria que podrá visitarse, con previa agenda.

Otra demostración de que a las promesas de este gobierno ni se las lleva el viento ni se entierran en algún cajón.

A los periodistas que tuvieron la oportunidad de conocer la llamada Cárcel del Pueblo, no se les olvida la opresiva sensación de claustrofobia, en continuo aumento a medida que se avanzaba “en cuatro patas” por un estrecho corredor hasta llegar a un minúsculo y maloliente habitáculo, debajo del cual pasaban a ojos vista, caños del sistema cloacal. Una infecta mazmorra en la cual tuvieron que sobrevivir durante interminables horas y días, sin siquiera poder ponerse de pié, tan bajo era el techo, secuestrados de la organización tupamara. Cuando las Fuerzas Armadas accedieron al cruel encierro en mayo de 1973, tras 6 meses de cautiverio, fueron rescatados Ulises Pereira Reberbel ( ex presidente de Ute) y Carlos Frick Davies (ex Ministro de Ganadería del gobierno de Pacheco Areco).

Si el Embajador británico Geoffrey Jackson estuvo también encerrado en ese cubículo no está claro, pero sí lo está el testimonio imborrable de su cara lívida y demacrada, blanca como el papel, al asomarse a la puerta de la Embajada en setiembre de 1971 tras 8 meses de calvario, para saludar a la prensa y a la gente que rodeaba la entrada de la residencia. Es sabido que los tupamaros tuvieron varias celdas de estas características en las que estuvo por ejemplo, el empresario Ricardo Ferrés (quien perdió un hijo estando en manos de los secuestradores) y también que no todos vivieron para contarlo o para sobrellevar mal que bien, la traumática experiencia vivida. Algunos fueron sometidos a otros tipos de tortura, como el norteamericano Dan Mitrione al que le dieron muerte y otros terminaron su vida cobardemente asesinados, caso del peón Pascasio Baéz, sobre cuya triste historia apareció un libro el año pasado, del escritor Pablo Vierci.

Un trágico hecho que sintetiza la peligrosa insanía de esas personas que se convencen a si mismas y a individuos a su alrededor, de ser poseedores de una superioridad moral que los autoriza y mandata a impartir justicia y condenar a los por ellos considerados culpables, en su escalada para hacerse del poder, que no otra cosa buscan en realidad, los movimientos violentistas.

Así lo afirmaba una de las custodias de los rehenes ocultos en esa casa del Cordón, de la calle Juan Paullier, en un reportaje. Casona en la que habitaba un matrimonio común y corriente según suponían los del barrio. Criaban a sus hijas, las mandaban a la escuela, les hacían fiestitas o invitaban los domingos con generosas ravioladas a amistades y vecinos, mientras en el sótano mantenían en sórdidas condiciones a dos personas mayores, privadas de libertad por la soberana decisión de un grupo de soberbios iluminados, durante días, semanas y meses interminables. Una injustificable situación que no era otra cosa que una interminable tortura. Agravada no solo por las pésimas condiciones en que se encontraban sino por la total ignorancia en la que los mantenían, sobre su devenir o el paso del calendario.

Ya es tiempo de que lo ocurrido en nuestro país en ese obscuro período de terrorismo, lucha contra su accionar y la posterior dictadura, sea conocido por la ciudadanía “in totum”. Para contrarrestar en lo posible, que por decenas de años se haya visto y escuchado una versión amputada y evidentemente sesgada a su favor. Desde las clases impartidas en liceos y universidades, hasta la propaganda marxista de la academia, la literatura, el teatro y las artes llamadas populares, del carnaval en adelante. Siempre con los apoyos, auspicios, y demás subvenciones pagadas, quiérase o no, con el dinero de todos los contribuyentes.

Es hora de que no solo cuenten las víctimas de la represión reivindicadas de diversas formas y por cifras que suman millones de pesos. Uno de los tantos ejemplos; el gobierno de Vázquez les asignó una pensión hereditaria de por vida a cónyuges e hijos de presos políticos, mientras por otro lado, las víctimas de la otra parte es como si nunca hubiesen existido, ignoradas y tachadas de la “historia reciente”. Algunas demandas han aparecido últimamente, como la que lidera el hijo de Burgueño quien murió a causa de una bala terrorista mientras esperaba pacíficamente el ómnibus. ¿La INDDHH, siempre dispuesta para hacer denuncias que solo miran hacia un lado, ampliará su mirada?