La prensa y la ética

En las últimas semanas, a raíz de un polémico caso en el que se denunció una violación grupal, todo el país estuvo involucrado en un debate sobre los límites del periodismo.

Sobre todo luego de que un programa radial emitiera un audio privado, que parecía contradecir al menos parte de la versión que hicieran circular la policía y la fiscalía sobre los detalles del episodio.

Como siempre que ocurren cosas impactantes, un sector de la sociedad puso la lupa sobre el periodismo y la comunicación de los problemas, mucho más que sobre los problemas en sí. No es novedad que, sobre todo en virtud de algunas teorías de la comunicación bastante anticuadas y probadamente fallidas, hay un sector de la población que está convencido que todos los problemas de la sociedad se deben a una especie de superestructura social que los genera, de la cual los medios de comunicación son parte central. Una estupidez de marca mayor, que ni siquiera la irrupción de internet, y los cambios fabulosos en el mundo de la comunicación, logran borrar de la cabeza de estos fanáticos.

Mientras esto ocurría en la aldea irreductible al oriente del río Uruguay, en Estados Unidos la Justicia daba señales muy claras sobre el rol del periodismo en una democracia consolidada. Un juez rechazó una denuncia por difamación de la exgobernadora de Alaska, Sarah Palin, contra el diario The New York Times. Palin reprochaba al Times haber publicado un editorial en el que se la vinculaba con un tiroteo en el año 2011 que dejó seis muertos.

El juez aplicó para desestimar el caso lo que se llama la teoría de la “real malicia”, surgida justamente en un caso emblemático que involucró al mismo diario en 1964. Lo que plantea la teoría de la real malicia es que cuando un medio informa sobre algo que afecta a un funcionario público, o a alguien que tenga un rol voluntario en el debate público, aunque haya errores en la cobertura, estos solo generarán responsabilidad legal si el afectado logra probar que hubo intención expresa de generar ese daño, o no se cumplió con los estándares mínimos profesionales a la hora de informar.

Vale señalar que la teoría de la real malicia fue incorporada al derecho uruguayo por la ley 18515 del año 2009.

El lector dirá, ¿qué tiene que ver esto con el caso de una joven que denuncia una violación? A fin de cuentas, no se trata de alguien público.

Y es verdad. Pero el tema de fondo es que con la incorporación de este concepto, la ley uruguaya reconoce tan importante la labor de la prensa, que prefiere asumir el daño de hacer casi imposible que se pueda condenar por difamación a un periodista. Y no es que se considere que el honor de un político u hombre público vale menos, todo lo contrario. Es que la ley entiende que es más sano para toda la sociedad “bancar” ciertas dosis de daño, incluso a la gente más importante, con tal de no cortar el circuito informativo, y que los periodistas no se sientan intimidados al trabajar.

Cuando la justicia uruguaya ordena un allanamiento, y amenaza con proceso a un periodista por hacer su trabajo, está violentando un principio fundamental en las democracias occidentales modernas. No hay causa, por buena y simpática que sea, que justifique eso. Y no es una concesión a los periodistas, cosa que hay que aclarar con mayúsculas. Es un beneficio para toda la sociedad, que se garantiza un flujo saludable de información sobre temas relevantes.

Aclarado esto, vale la pena poner el foco en otra crítica que se ha hecho en Uruguay al periodista que emitió los audios. Y en Estados Unidos en este caso al The New York Times, que realmente cometió el error de vincular a Palin con el tiroteo, sin evidencias firmes de ello.

Hablamos de la ética. Uno podría argumentar que emitir un audio privado de una persona que denuncia un delito complejo, es poco ético. Lo mismo de un diario que vincula a un político con un homicidio, sin pruebas contundentes.

Ahora hay una diferencia muy importante entre la ética y la ley. Entre la moral y el derecho penal. La ley es un mínimo común aceptado por la sociedad, mientras que la ética incluye valores más amplios y personales.

La ética puede ser un valor que tome la persona a la hora de elegir un diario, o escuchar un programa de radio. Pero no puede ser el motivo que justifique una acción penal contra un periodista. De hecho, los códigos de ética en esta profesión nunca son obligatorios, más que para quienes voluntariamente los suscriban. Pero la calidad y ética del periodismo las debe juzgar la audiencia, no los colegas ni la justicia. La consecuencia de lo otro, es un golpe al mentón de una democracia que se precie de tal.