La polémica de la prisión domiciliaria

Las cárceles están abarrotadas y pueden llegar a ser un atentado a los derechos humanos, o convertirse en la tumba social de muchos primarios o de personas con edad avanzada. Ello ha sido el factor para que el tema de la prisión domiciliaria haya saltado nuevamente sobre el tapete a nivel parlamentario. No es un tema nuevo, pero sí complicado; porque más allá de un asunto de edades o de delitos, existen cuestiones políticas que complican su conversión en ley.

Dos años atrás, en agosto de 2021, Cabildo Abierto presentó un proyecto para otorgar automáticamente la prisión domiciliaria a reclusos mayores de 65 años. A poco de empezar las conversaciones el Frente Amplio marcó su oposición porque advirtió que esa ley beneficiaría directamente a los militares que cometieron delitos durante la dictadura y hoy están presos en Domingo Arena o Coraceros.

Con el tema instalado, la senadora nacionalista Carmen Asiaín optó por presentar un proyecto propio que habilita preceptivamente la prisión domiciliaria a mayores de 70 años y concede ese beneficio automático a otros grupos de reclusos, mientras que en el caso de los mayores de 65 años autoriza a los jueces a dictaminar su excarcelación en determinados casos.

Como dijo la senadora, “también hay razones humanitarias de descomprimir cárceles que hoy están atestadas y que han motivado que un comisionado para el sistema carcelario de Naciones Unidas haya dicho que la situación en Uruguay es equiparable a tratos inhumanos y degradantes”.

El proyecto de Asiaín deja por fuera de manera específica los delitos de lesa humanidad, que están vigentes en el Uruguay desde el año 2006. Lo mismo ocurre con genocidio o guerra, el narcotráfico o cuando la prisión domiciliaria suponga algún problema para las víctimas o la sociedad.

Las críticas y la oposición del Frente Amplio se planteó porque la mayoría de los represores de la dictadura presos en la cárcel de Domingo Arena no fueron imputados por delitos de lesa humanidad, sino por delitos de homicidio, tortura y secuestro entre otros, porque cuando fueron juzgados no existía en el país la calificación de “lesa humanidad”. Prácticamente todos están por encima de los 70 años y el proyecto beneficiaría a más de 20 personas que han sido condenadas en esas circunstancias. Asiaín cuestionó esta actitud del FA de fijarse a la hora de aprobar una ley, a quién se beneficia o se perjudica con nombre y apellido, más allá de que hoy la justicia puede disponer la prisión domiciliaria para los presos de Domingo Arena e incluso ya se hizo con gobiernos anteriores.

Así planteadas las cosas, con tres posiciones (Cabildo Abierto, Partido Nacional y Frente Amplio) enfren- tadas y dos de ellas intransigentes (CA y FA), se registró la intervención del Comisionado Parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit. Y una vez más, con su capacidad, experiencia y, sobre todo, su sensibilidad, las cosas mejoraron.

Destacó el proyecto de Asiaín por su humanismo y respaldó que en el Parlamento existan iniciativas “que buscan alternativas a la pena privativa de libertad, a la cárcel, como el mecanismo único o predominante de la sanción penal. La prisión debe ser la última ratio de los mecanismos a aplicar”.

Sobre los proyectos presentados, Petit marcó sus reparos al proyecto de que el régimen de prisión domiciliaria se impondrá “de oficio y sin más trámite ni procedimientos” cuando se trate de personas mayores de 70 años. “Contamina la norma” señaló el Comisionado a los legisladores.

Y agregó que en este momento, por ejemplo, hay 95 personas mayores de 70 años de edad en el sistema carcelario. “Un número muy propicio para el análisis caso por caso” que dice que las personas de 70 años presas han cometido delitos graves o muy graves.

No hay dudas de que la solución está en las mismas conclusiones finales del Comisionado Parlamentario para aprobar una ley que puede ser muy justa y humanitaria: una persona (procesada y condenada) puede “postular” a la prisión domiciliaria. Luego un fiscal “puede sopesar” la situación “representando a la opinión pública” y el “sentimiento de las víctimas” y finalmente “un juez como tercero neutral decide”. “No puede ser un mecanismo de oficio”.

Y el remate de Petit fue concluyente: “Hay que asegurar que esto no es un privilegio y menos una fisura, un agujero negro de impunidad”.

Veremos cómo termina.