La mala novela izquierdista

Nueve veranos atrás, el cambio de destino de una jueza terminó en una asonada a la Suprema Corte de Justicia, en plena Plaza Cagancha, por parte de militantes de izquierda. Ningún dirigente del Frente Amplio (FA) de los que ahora ocupan lugares preponderantes y en ese entonces ya eran notorios protagonistas de esa fuerza política, criticó la violenta movilización. Finalmente, fue el ex-presidente y por entonces precandidato del FA, Tabaré Vázquez, quien salió a poner orden y a señalar que las decisiones de la Justicia debían de ser respetadas.

También hace nueve veranos el presidente del Banco República y el ministro de Economía Lorenzo fueron procesados por el delito de abuso de funciones por el sonado caso del aval para un remate trucho de Pluna. Hay un registro fotográfico famoso en un restaurant que recuerda aquellos enjuagues: en un primer plano aparece Lorenzo junto al “hombre de la derecha” del remate, López Mena y otros comensales. Empero, en vez de aceptar socialmente las consecuencias de esos actos de corrupción, una parte del FA armó una sonora caravana que viajó hasta Araminda para desagraviar a Lorenzo quien, además, organizó en aquel lejano 2014 un publicitado banquete con empresarios y políticos por su cumpleaños.

Hay otros ejemplos más cercanos en el tiempo. Quizás el institucionalmente más relevante sea el del caso Sendic, cuando todo el FA gritó que se trataba de una maniobra de la derecha -incluso, armada en algún lugar de Atlanta en Estados Unidos- para perjudicar a la izquierda, con aquella genial fórmula expresada como petición de principios por el hijo del delincuente Sendic Antonaccio, de que si se es de izquierda no se es corrupto, o con aquella otra frase dicha por el presidente Vázquez para defender a su vicepresidente corrupto: “es el bullying más fantástico que he visto en mi vida”.

Quizá también el más vergonzoso de todos los casos sea la salva de aplausos con el que el FA despidió a su diputado Placeres del Parlamento, quien poco después fue procesado por el delito de conjunción del interés público con el privado en la causa de Envidrio.

Así las cosas, el cúmulo de ejemplos que hay de la relación conflictiva del FA con la Justicia debiera de ser un antecedente poderoso que relativizara lo que ahora estamos viviendo. En efecto, ¿qué realmente novedoso puede haber en el ataque furibundo del FA a la fiscal Fosatti a partir de que ella decidió pasar de testigo a indagado al dirigente izquierdista Leal? ¿Qué tan raro puede parecer que el FA quiera horadar la credibilidad de la fiscal, justo cuando ella decide pasar a investigar la trama de los pasaportes truchos que se inició en 2013 y que fuera denunciada (y encajonada) en 2019, es decir, durante períodos de gobierno del FA?

Es cierto que el FA no innova en este sentido. Sin embargo, ahora lo lleva adelante desde la oposición política y al pretender dañar al gobierno lo que termina haciendo es dañar la institucionalidad democrática, ya que deja entender que aquí no es posible llegar hasta el fondo de las investigaciones judiciales porque habría fuerzas ocultas que lo impedirían.

En efecto, la izquierda sindical, política y de operadores culturales y periodísticos ha querido armar una novela en base a audios de conversaciones (que nadie sabe además si están editados y cómo lo estarían) que den la impresión de que aquí hay ocultas manos y secretos designios que quieren esconder responsabilidades delictivas en las más altas esferas del gobierno. En la visión que quiere imponer el FA, habría una asociación para delinquir que usa al Estado para tapar sus acciones: impide la tarea de la fiscalía, esconde pruebas y evita que la Justicia haga su trabajo con responsabilidad.

La verdad es muy diferente. La verdad es que es muy difícil encontrar un país en el mundo como el Uruguay, en el que un custodio de la máxima autoridad del Ejecutivo termina preso por varios delitos: la Justicia actuó con independencia; la presidencia colaboró con la tarea fiscal; y nadie procuró esconder ni tapar nada. Al contrario, la red de corrupción descubierta permitió constatar que ella se había extendido en varias dependencias del Estado y que actuaba desde al menos hace una década.

El FA hace un ruido que es funcional al radicalismo político de sus militantes. Pero al mismo tiempo, es un ruido que puede terminar afectando la imagen del país, ya que en definitiva una coalición que representa al 39% de los uruguayos vuelve una y otra vez a sembrar dudas sobre la tarea de la Justicia.