La seguridad es una de las preocupaciones más relevantes de los uruguayos según las encuestas, y naturalmente es uno de los temas sobre los que los partidos y candidatos plantean propuestas de cara a las próximas elecciones. Sin embargo, pasan las semanas y no hay forma de que la izquierda en sus distintas expresiones, tanto política como mediática-cultural, haga sus diagnósticos sobre datos objetivos y de buena fe.

Durante los 15 años de gobiernos izquierdistas los delitos aumentaron fuertemente. Las cifras son contundentes y claras. Por ejemplo: en 2005, las rapiñas fueron cerca de 9.000 en total; en 2019 fueron más de 30.000. En esos años, nadie hacía la diferencia entre delitos denunciados y delitos efectivamente cometidos. Todo el mundo daba por bueno que, salvando algún matiz metodológico menor, lo denunciado efectivamente representaba lo que ocurría en el país. Si bien era sabido que para algunos delitos, como por ejemplo los hurtos, la cantidad de denuncias seguramente no fuera precisamente la cifra exacta de lo que realmente ocurría, había estimaciones que hacían suponer de que esa “cifra oculta” para esos casos estaba en el eje de un 30-40% del total. En cualquier caso, las denuncias eran una forma aceptada, tanto por la oposición como por el gobierno, de medir la evolución de los delitos.

Cuando cambió el gobierno y pasó el Frente Amplio (FA) a ser oposición en 2020, poco a poco ese consenso acerca de los delitos y las denuncias se fue rompiendo. Sin ninguna prueba, la izquierda fue sembrando dudas sobre la honestidad y pertinencia con la que los datos estadísticos acerca de la inseguridad eran recabados. Hoy, en plena campaña electoral, es ya moneda corriente que la izquierda haga una diferencia entre lo denunciado y lo que ella estima es lo que ocurre en materia de inseguridad, y siempre en el sentido de dar a entender que este gobierno oculta, miente, escamotea y relativiza la verdad de los datos.

Eso habla de una enorme grieta institucional. El problema de fondo es que el FA se ha ido deslizando por la pendiente antirrepublicana de poner en tela de juicio la tarea estadística del gobierno porque, en verdad, no quiere aceptar que los resultados son mucho mejores hoy que en 2019 cuando cerró su último año de gestión. En efecto, la comparación válida es con el cierre de 2023, último año completo de gestión de esta administración y ya sin ningún efecto de pandemia. Y los resultados, redondeados, son contundentes: en cuatro años, los hurtos bajaron de 140.000 a 113.000; las rapiñas de 30.500 a 22.400; el robo de vehículos de 18.000 a 13.500; y los homicidios de 394 a 382.

La otra estrategia que la izquierda lleva adelante para sesgar el debate, y que se verifica sobre todo entre los periodistas afines al FA al momento de describir la situación de inseguridad del país, es decir que la inseguridad sigue siendo grave ya que los homicidios están en el mismo nivel que antes, o que en realidad en estos cuatro años completos de gestión de Coalición Republicana (CR) hubo más homicidios que entre 2016 y 2019 incluido. La mala fe es aquí también evidente. Por un lado, porque se analiza únicamente el único delito que efectivamente no ha bajado radicalmente, y se dejan de lado a propósito otros que son graves ya que, como el caso de las rapiñas, por ejemplo, implican daños y violencia.

Por otro lado, porque esa comparación omite a sabiendas el análisis de la evolución de los homicidios: entre 2016 y 2019, el gran problema fue el aumento y la evolución imparable a la suba, que hizo que el 2018 fuera el año de mayor cantidad de asesinatos en Uruguay con 421 en total. Desde esa evolución tan negativa, lo que logró este gobierno fue quebrar el crecimiento. Por supuesto que la cifra bajó fuertemente en años de pandemia. Pero incluso en 2023, ya en tiempos normales, no solamente no siguió subiendo, sino que objetivamente bajó con relación a 2019.

No hay peor ciego que el que no quiere ver. Para poder tener un debate que realmente compare y valore cuáles son las mejores políticas propuestas para los próximos años, importa mucho que no se analice con mala fe la evolución de la inseguridad que se verificó con el FA en el poder y la que se constató en estos 4 años con la CR en el poder. La izquierda quiere hacer creer que los resultados de este gobierno en materia de seguridad no son buenos y eso es completamente falso: en 2023 se confirmaron a la baja delitos que no pararon de subir entre 2005 y 2019. Hoy, la inseguridad es radicalmente menor que en 2019.