La LUC contra los violadores

En defensa propia” parece ser el eslogan creado por Esteban Valenti, el publicista contratado para promover la derogación de 135 artículos de la LUC.

La frase no podría ser más sincericida: la defensa propia a la que alude no es la del ciudadano común sino la del frenteamplista fervoroso, que día a día padece la vergüenza de un proceder opositor errático y un gobierno que sigue arrojando buenos resultados, a pesar de la coyuntura adversa. Hacer caer una parte de esa ley es la débil causa que encontraron los estrategas del contubernio político-sindical, para intentar recuperar un espacio de visibilidad política que han perdido en los hechos, por defectos propios. El eventual triunfo del Sí sería el espaldarazo que necesitarían para seguir trancando al gobierno y al país, con el único objetivo de posicionarse mejor para las elecciones de 2024.

Así que no hay como errarle, porque las cartas están vistas: aquel votante de la coalición republicana y del presidente Lacalle que se deje engañar por falacias y vote contra la LUC, estará dándose un tiro en el pie. Esto no es por un puñado de artículos de una ley: esto es un remedo de elección de medio tiempo, con el único fin de golpear al gobierno.

El escandalete que armaron contra la portabilidad numérica cayó por su propio peso. Agitaron el cuco de que la medida debilitaría a Antel y, cuando vieron que estaba pasando exactamente lo contrario, apareció Rafael Michelini con su risible protesta de que la LUC fortalecería a la empresa pública en desmedro de sus competidores. Es una falta de rigor intelectual que, más que hacer reír, asusta.

Ahora toca el turno a los artículos de la ley que agravan penas contra las personas que incurren en delitos de abuso sexual y violación. El tema se puso inesperadamente en agenda por los hechos aberrantes acontecidos en una vivienda del barrio de Cordón.

Muchos promotores del No se hicieron eco de las medidas de la LUC al respecto, que en el artículo 86 elimina la posibilidad de que los condenados por violación se beneficien de redención de pena por estudio o trabajo. Del lado de los defensores del Sí llovieron críticas contra esa atinada observación.

En primer lugar, se indignaron porque se “usara políticamente” un hecho tan desgraciado como una violación para referirse al tema. A este argumento hay que oponerle que para eso están justamente las leyes: para atender en forma eficiente las disfunciones sociales y prevenirlas. Los hechos son los hechos: al cuestionar el artículo 86 de la LUC, están permitiendo que los privados de libertad por violación salgan en libertad más pronto.

En segundo lugar, optaron por negar la realidad. Es ese penoso posteo de Esteban Valenti que dice, escrito todo en mayúsculas: “Es totalmente falso y mentiroso que se pretenda derogar ninguna ley que castigue con todo rigor a la violación. Los partidarios del No ya no saben cómo mentir”. Su comentario revela en forma inmejorable la frivolidad e inconsistencia con que Valenti está dirigiendo la comunicación de su campaña. Se ve que aún no se tomó el trabajo de leer la ley.

Y en tercer lugar, vino el contraataque, tan falaz como las reacciones anteriores. La directora de TV Ciudad, Alejandra Casablanca y la ex directora de Secundaria, Celsa Puente, entre otros connotados opinantes frenteamplistas, salieron a agitar el artículo 301 del Código Penal, según el cual se excluye del beneficio de libertad anticipada a los violadores. Esa copia de pantalla del CPP fue retuiteada por cientos de militantes frenteamplistas como la verdad revelada, sin reparar en que una cosa es la libertad anticipada y otra muy distinta la redención de pena por trabajo o estudio. En la primera, los violadores fueron excluidos de ese beneficio por una ley promulgada en 2018. De la segunda, los excluye el artículo 86 de la LUC: “esto es así, sin vueltas”, explica el diputado Ope Pasquet con paciencia infinita ante tanto dislate tuitero.

La verdad es que este nuevo eje de debate sobre la LUC vuelve a poner de manifiesto lo que estamos viendo desde la época de la recolección de firmas: discutir una ley como esta requiere un mínimo conocimiento jurídico. Resulta facilísimo simplificar y tergiversar la normativa para embarrar la cancha y pescar incautos.

Si estuviéramos en el Uruguay que solía denominarse “la Suiza de América”, donde la cultura cívica y el acendrado republicanismo estaban marcados a fuego en la conducta ciudadana, estas falacias no prosperaban. Pero después de tres lustros de mujiquismo devastador, todo es posible.