La cajita vacía

La primera señal fue allá por 2014, en las postrimerías del gobierno de Mujica: la Caja de Profesionales Universitarios, una institución que agrupa a todos los egresados de las universidades (públicas y privadas con excepción de los escribanos) había ampliado su radio de acción a una gran cantidad de actividades que significaban un proceso previo de exigencias y estudios (por ejemplo nutricionista o educación física o fisioterapeuta hasta alcanzar unas 40 profesiones más), y tras muchos años de bonanza económica dio una alarma de rojo. Había déficit. Pero bien que lo callaron.

Lo peor fue que no se trató de un casual mal alineamiento de los astros, sino el principio para una catarata de pérdidas que en mayor o menor grado se fueron acumulando hasta llegar a los lúgubres anuncios de que en el 2021 el déficit fue de US$ 65 millones y el monto estimado por la Caja para el periodo 2021-2026, en un escenario moderado, oscilaría entre 166 y 262 millones de dólares.

El actual es el tercer directorio (asumió el año pasado) que tiene la Caja desde aquella primera señal. Estamos hablando de siete miembros (cinco ocupan el cargo por elección y dos en representación del Poder Ejecutivo, que no se sabe bien para qué están) con remuneraciones por encima de $ 200.000. A ello se suman los principales cargos gerenciales; desde un gerente general que se situaba por encima de los $ 650.000 y otros seis gerentes por encima de los $ 325.000.

Pero, por lo menos, hay que reconocerle a este Directorio que dio la voz de alerta e inició contactos con el gobierno por la supervivencia de la institución, porque si fuera por sus antecesores el único destino posible era el fondo del precipicio.

Los primeros planteos del Directorio al Poder Ejecutivo (se están estudiando nuevas iniciativas) para paliar la crisis fueron un aumento de la tasa de aportación (de 16,5% a 18%) que necesita aprobación parlamentaria. También la “contribución” pecuniaria de los afiliados pasivos (los jubilados) que puede llegar al 7%.

Pero, entre las propuestas más polémicas (en realidad, un verdadero disparate) la autoridades de la Caja propusieron el cobro anual de $ 4.000 por año (y por ahora) a aquellos profesionales que declaren el no ejercicio de su profesión y obligarlos cada dos años a ratificar la declaración de no ejercicio. Por suerte se suprimió este absurdo.

El Poder Ejecutivo, de pique nomás, redujo los sueldos gerenciales en un porcentaje mucho mayor al 12% que manejó el Directorio: $ 413.000 para el gerente general y alrededor de $ 280.000 para los gerentes. Nada dijo sobre los directores y otras medidas que deberán tener aprobación parlamentaria.

Lo que irrita de sobremanera (y así se lo expresó el ministro de Trabajo Pablo Mieres al Directorio de la Caja) fue la sorprendente demora en hacer conocer una realidad tan complicada. Y tiene razón. Hay una enorme responsabilidad de la institución que no fue capaz de adoptar ninguna medida cuando vio que su déficit trepaba y trepaba desde el 2014. No hubo cambio de gestión ni nada que aportara algo nuevo para mejorar y cambiar la situación. Todos los años se perdía más dinero y todos los años se hacía lo mismo. Ignoraron la reflexión de Albert Einstein de que es absurdo o una locura “hacer las mismas cosas una y otra vez, esperando obtener resultados distintos”.

Lo único que cambiaba era el déficit, que crecía y crecía y se convertía cada día en algo más grande. ¿Y quién o quiénes son los responsables? ¿Qué hacían los delegados del Poder Ejecutivo? Cobrar sus estipendios lo hacían todos. Directores y gerentes.

Y lo que irrita también es buscar “ayudas” por el lado de los jubilados como propone la Caja con esa “contribución” de los pasivos de hasta un 7% (o lo que quieran quitarle) no corresponde. Ya tienen suficiente con esa formidable injusticia que es el IASS. Lo que se plantea es una tomadura de pelo o un agravio a los que pasaron su vida trabajando, que aportaron todos lo que se les reclamó y correspondía, que cumplieron su parte en el compromiso con la Caja y ahora, encima, deben pagar culpas por la ineptitud, negligencia o lo que sea de esa gente que tan buenas remuneraciones percibieron por año, mes a mes. ¿Para qué se les pagó? ¿Para callarse la boca y no aportar nada?

El jubilado está preso por sus años y no hay marcha atrás. Parece que hay algunos que se olvidan, no piensan o no les interesa que las pasividades son el reintegro de los que han aportado mientras estaban en actividad.

De la jubilación no hay regreso. Una vez que se llegó a esa etapa es porque las naves están quemadas y no hay salida. No es una cuestión de oportunidad, porcentaje o montos. Es una cuestión de principios, derechos y justicia.