La actividad agropecuaria

EN la vecina orilla se está haciendo mucho para desincentivar la producción agrícola ganadera. Retenciones, de más del 20% sobre las exportaciones, según el cereal y del 15% sobre la carne. Además, un latente clima de amenazas de controles y presiones sobre los frigoríficos y supermercados para reducir los precios, le crean al productor un ambiente de incertidumbre y desazón. En algunos casos ahora mismo y en otros a mediano plazo, la política del gobierno traerá aparejada para nuestros vecinos, una disminución de la producción y por ende de la oferta.

No es casualidad que algunos de estos inquietos y a menudo eficientes productores agropecuarios, hayan arrendado y comprado campos en nuestro país o invertido en ganado en forma de capitalización. El aumento del área sembrada de soja, trigo y maíz y la mejora en el rebaño ganadero, son testimonio de que gracias a este impulso, al cual se suman los buenos precios internacionales, la fisonomía y el ritmo de actividad de nuestro campo ha cambiado y enhorabuena.

EL 15% de aumento de nuestras exportaciones en el 2005, respecto del 2004 y el pronóstico del Ministro Astori de que en el 2006 serán incluso superiores, han sido hechos públicos con un comprensible entusiasmo en la reciente reunión de Ministros en Santa Teresa, aunque el público presente no haya sido lo numeroso que el gobierno esperaba. Pero de todas formas, estas buenas noticias trascienden inmediatamente hacia todo el país.

El crecimiento de una economía en desarrollo y en particular la del Uruguay, con un mercado interno minúsculo, necesita de la exportación. Tanto la tradicional como la más elaborada, hacia la que hay que apuntar, tal como lo han hecho los países que han crecido gracias a ampliar creativamente sus posibilidades exportadoras. Buen ejemplo de esto es Irlanda.

PERO por el momento, la bonanza de los índices anunciados por el gobierno surgen en gran medida del sector agropecuario. Por lo tanto, sería un grave error que se tomaran medidas o se votaran leyes que atenten contra la evidente recuperación y el dinamismo que se ha producido en la actividad rural. El año pasado las exportaciones de origen agropecuario alcanzaron los 1.800 millones de dólares, o sea, el 51% del total exportado y del 2004 al 2005 el aumento experimentado en el rubro agropecuario fue del 17,8%.

Hasta ahora nuestro gobierno no ha caído en actitudes similares a las del argentino, que con su afán recaudador por el lado de los granos y por temor a que si se vende más carne en el exterior, la oferta interna se reduzca y suba el precio en las carnicerías, lo que le haría perder popularidad, ha desestimulado las exportaciones cárnicas. Por este motivo, los argentinos continuarán con el récord de 62 kilos per capita anuales, según las estimaciones de la FAO. Escala en la que sigue Estados Unidos con 43 kilos, Uruguay con 41 kilos y los dos exportadores mayores, Australia y Brasil, con 39 y 36 kilos respectivamente. Mucho más abajo, se encuentran los europeos que consumen 19 kilos por persona en el año y los japoneses 9 kilogramos.

COMO decíamos, hasta el momento no han habido estos desatinos en la política uruguaya y las inquietudes de orden popular no fueron más allá del famoso "asado del Pepe", felizmente, como intento de control de precio. Al tiempo que ha ido bajando la ingestión de carne de los orientales en los últimos tiempos, se han aprovechado eficazmente las favorables condiciones de los mercados mundiales. Crecieron los volúmenes exportados, el valor por tonelada y los precios del ganado, en forma importante, lo cual se ha traducido en incentivos para aumentar los rodeos y la oferta.

Sería comenzar a tomar el camino equivocado, si proyectos de ley trasnochados vuelven a ponerse en carpeta o si se escuchan las voces agoreras de quienes advierten sobre el supuesto peligro que representa el avance de los "extranjeros". Pretender, como ya se intentó el año anterior, dar marcha atrás con la legislación de principios de los noventa, que permitió la compra de establecimientos por sociedades anónimas, lo cual influyó poderosamente en el movimiento inmobiliario y productivo operado en el campo en los últimos años, sería doblemente errado.

Por un lado, es no reconocer que más vale contar con un sector económico pujante y por ello hay que darle la bienvenida a quienes traen inversiones, nuevas fuerzas y técnicas, ya sean uruguayos o extranjeros. Algo mucho más beneficioso para el país y la sociedad, que contar con uno puramente local que no puede producir de la misma manera ya sea por falta de capital, por estar endeudado o por menor capacitación. Por otra parte, sería una flagrante discriminación que en las ciudades puedan existir y sea factible trabajar con sociedades anónimas y en el medio rural sólo se acepten las sociedades nominativas, como pretenden ciertos legisladores del Partido Nacional y del Frente Amplio.

Como claramente lo explica Oppenheimer en su reciente libro, los países y sus gobiernos se diferencian, no entre izquierdas o derechas, sino entre los que atraen los capitales y los que no. Los que los cortejan y los que les ponen trabas. Y esto sería, ni más ni menos, lo que provocaría una ley semejante.