Jubilaciones y amnesia

Una de las cosas más desgastantes del debate público en Uruguay, es la forma en que los temas no parecen cerrarse nunca. Sobre todo, cuando está implicado ese sector ideológico autodenominado “de izquierda”. No sirven los números, no sirve la experiencia empírica, no sirve la explicación de las personas más capacitadas... ni siquiera la voluntad popular emitida en las urnas.

Siempre hay que volver a discutir lo mismo, una, dos, mil veces. Ha pasado con temas como el voto de los uruguayos que residen en el exterior, tema al cual más del 67% de los uruguayos le dijo que no, pero que igual se sigue poniendo en agenda. Ha pasado con la ley de Caducidad, dos veces ratificada por el soberano, pero que el Frente Amplio igual la ignoró. Y ahora pasa de nuevo con el tema de la seguridad social.

Resulta que ahora, casi 30 años después de creadas, volvemos a discutir el tema de las AFAPs. ¿Porque funcionen mal? ¿Porque hay miles de personas perjudicadas reclamando en las calles? No. Porque un par de gremios radicalizados han creído que es una buena forma de perjudicar al gobierno y mover el músculo militante, es que nos volvemos a sumergir en un debate tan ridículo, como ajeno a las preocupaciones de los uruguayos de a pie.

Para desasnar a los confundidos, hay que empezar con un poco de historia. La reforma de la seguridad social se impulsó en 1996 porque el sistema solidario de reparto estaba casi quebrado. No se tomó esa decisión por gusto, sino por necesidad, entendiendo que la creación de un programa de ahorro voluntario, iba a dar mucha más solvencia y sostenibilidad al sistema. Y así fue.

El problema era que el estado, a través del BPS, se quedaba con los aportes de los uruguayos, y se los gastaba en la vida corriente. Entonces, a medida que la población va envejeciendo, y cayendo la natalidad, se requiere aumentar los impuestos una y otra vez, simplemente para mantener el sistema funcionando de manera más o menos normal.

No hace falta recordar que la situación demográfica del Uruguay hoy es mil veces más complicada que en 1996, por lo cual eliminar las AFAPs es una locura total.

Hay otro tema que la creación de las AFAPs ayudó en mucho, y es a dar un poco más de justicia al sistema, permitiendo que quienes aportan más, puedan tener un retiro más acorde al nivel de vida que tuvieron cuando trabajaban. Cosa que será imposible si es un sistema puramente estatal, y donde la presión política igualará hacia abajo las prestaciones. Como sucede siempre con los socialismos de distinto color.

Como si todo esto fuera poco, la creación de las AFAPs permitió extraer un patrimonio significativo del área pública, ponerlo a producir con criterios económicos razonables, y en materias productivas que apoyan el desarrollo del país.

Uruguay es un país con un déficit enorme de inversión, y donde no hay capitales autóctonos que permitan una inversión de la magnitud suficiente como para llevar el país al desarrollo. Por eso vivimos penando por la inversión extranjera.

Ahora bien, el capital que acumulan las AFAPs (y que el estado nunca llegaría a acumular) es una carta decisiva a la hora de apuntalar el desarrollo del país. Temas como la tan mentada “transformación de la matriz energética”, nunca hubieran podido hacerse sin la inversión de las AFAPs. Y así con muchas otras cosas, aunque el criterio conservador y estatista que está en la mentalidad de muchos de nuestro políticos, ha limitado enormemente las áreas en las que las AFAPs pueden invertir. ¿Se imagina si pudieran invertir, aunque sea parte de esos fondos, en proyectos de avance tecnológico y biotecnológico como hacen los capitales de riesgo en el primer mundo?

¿Cuál es entonces el gran “pecado” de las AFAPs por el cual algunos quieren eliminarlas? Según dicen, que tienen afán de lucro.

Vivimos, por suerte, en una sociedad capitalista, donde el afán de lucro es lo que mueve todos los esquemas de la economía. ¿Usted cree que va a encontrar alguien capaz y eficiente para administrar con éxito cientos de millones de dólares y lo haga sin ganar nada?

El problema no es si una administradora gana plata gestionando los fondos jubilatorios de todos. El tema es si los dueños de ese capital nos beneficiamos de ello. Y a todas luces es así. Al menos no es plata que se licúe en el pozo sin fondo de las rentas generales de un gobierno.

Todo esto parece tan obvio, ya ha sido resuelto sin dudas en todos los países serios del mundo. Pero en Uruguay, parece que habrá que volverlo a discutir. ¡Otra vez!