Inmigración y verdad

En nuestro país se ha puesto de moda, lamentablemente, hablar y opinar, de asuntos serios, a ojo de buen cubero. Sin tener conocimientos mínimos del tema de que se trata, entre otras razones porque no se lo estudia. Sin embargo, sin saber un pepino de la cuestión, a lo Mujica, -aunque sin decir malas palabras-, igualmente se emiten juicios categóricos sobre cualquier materia. El domingo pasado editorializamos sobre la ligereza con que los latinoamericanos, incluidos nuestros presidentes, hemos dado en apostrofar a los europeos por su reciente decisión de cerrar las puertas a los inmigrantes indocumentados y expulsar a quienes no cumplan con las severas exigencias que ha tomado la Unión Europea.

Comparando lo que por obvias razones demográficas e históricas no es comparable, se dio en contraponer el actual y razonable egoísmo europeo, impuesto por la invasión de inmigrantes de toda las razas, religiones y latitudes, con la política generosa, de puertas -y puertos- absolutamente abiertos a los extranjeros, estilada desde siempre por nuestras jóvenes naciones. Ahora bien, ¿dicha política realmente existió como tal? ¿Fue invariable? Principiando por nuestro país, el art. 37 de su Constitución dispone: "Es libre la entrada de toda persona en el territorio de la República, su permanencia en él y su salida con sus bienes, observando las leyes y salvo perjuicios de terceros".

Justino Jiménez de Aréchaga, al estudiar este precepto en su obra magna ("La Constitución Nacional", T.I, ed. del Senado, pp. 317 - 327), enseña que "En relación al problema migratorio, la política americana ha pasado por cuatro períodos". Y, con relación al tercero de ellos, expresa: "El tercer período, que se inicia a comienzos del siglo (XX) y dura más o menos hasta 1940, se caracteriza por un movimiento legislativo que impone restricciones económicas y tiende a la selección de los inmigrantes. Millones de hombres habían llegado a América, y su acondicionamiento en estos países comenzaba a crear ciertos problemas. Los Estados consideraron, llegado el momento, de seleccionar la inmigración. Y al final de este período aparece otro nuevo tipo de leyes: el que, autorizando la expulsión del extranjero indeseable, viene a apoyarse, de un modo quizás no del todo claro, en el principio de que cada pueblo debe soportar a sus males nacionales".

Con referencia a las restricciones económicas, a una familia judía sefardí oriunda de Francia, a su ingreso al país, en 1941, se le impuso esta "pequeña" exigencia: depositar mil dólares -de aquella época- por cada uno de sus 19 integrantes. Casi nada. Pudieron cumplirla, porque no venían con una mano atrás y otra adelante. Otros que llegaron con lo puesto, pudieron ingresar gracias al canciller Guani y, en algunos casos, a gestiones personales del Dr. Juan Andrés Ramírez, quienes detestaban la barbarie hitleriana.

Pero ya mucho antes, la primera ley de inmigración que tuvo el país -N° 2096, de 19 de junio de 1890-, si bien establecía "Disposiciones para su fomento", prohibía en su art. 26 a "Los capitanes de los buques conductores de inmigrantes con destino a la República, embarcar":

"1° Ni enfermos de mal contagio".

"2° Ni mendigos".

"3° Ni individuos que por vicio orgánico o por defecto físico sean inhábiles para el trabajo".

"4° Ni personas mayores de sesenta años".

Más draconiano aún era su art. 27:

"Quedan igualmente prohibidos en la República la inmigración asiática y africana, y la de los individuos generalmente conocidos con el nombre de húngaros o bohemios". "Uséase", gitanos.

¿Qué les parece?

Esta ley se reglamentó por decreto de 18 de febrero de 1915 -firmado por Batlle, Viera y Brum, entre otros-, que consideró "inmigrantes de rechazo", en su art. 3°, además de los ya excluidos por la ley de 1890, a "Los que carezcan de pasaportes o documentos que justifiquen no haberse embarcado en contravención de la ley".

Luego, en 1936, la inconstitucional "Ley de indeseables" autorizó la expulsión de los inmigrantes carentes "de un certificado consular" que acreditara "que el inmigrante no pertenecía a organizaciones sociales o políticas que, mediante la violencia, tendieran a destruir las bases de la nacionalidad".

¿Qué autoridad tenemos, entonces, para criticar el ¡no va más! europeo a los inmigrantes indeseables?