INDDHH y guerra interna

El aniversario en este mes de abril del medio siglo de la declaración de estado de guerra interna, dio lugar a una reflexión sobre la Historia del pasado reciente en el Parlamento.

Políticamente, ella debe ser unida al sesgo izquierdista con el que hace años viene actuando la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) y que por estos días ha sido nuevamente puesto en tela de juicio.

Es que, en efecto, una cosa está ligada con la otra. La forma en la que mayoritariamente se interpretan las dos décadas que van de 1963 a 1985 presenta un sesgo político enorme: aquí las nuevas generaciones ya no tienen claro que hubo una guerrilla izquierdista que se alzó contra una democracia ejemplar como era la uruguaya en 1963; aquí ya nadie recuerda que fue esa democracia, acosada por el terrorismo izquierdista, la que tuvo que pedir auxilio en setiembre de 1971 a sus Fuerzas Armadas para contrarrestar los ataques guerrilleros contra la institucionalidad; y aquí ya casi nadie señala que, en febrero de 1973, una alianza de militares golpistas y de frenteamplistas descreídos de la democracia apuntalaron el golpe de Estado que se inició ese verano y que terminó en el invierno con la disolución del Parlamento.

Recordar el medio siglo de la declaración de estado de guerra interna implica dejar en claro que aquella democracia atacada tuvo el reflejo de procurar el apoyo del Parlamento para tomar tal medida; que desde el primer momento de la administración Bordaberry en marzo de 1972 el Uruguay vivió momentos de violencia inusitados; y que ningún episodio trágico de los varios vividos en aquel abril de 1972 puede interpretarse históricamente aislado del contexto de enorme miedo y angustia provocados por el ataque guerrillero que sufría el país desde mucho antes de 1968.

Y todo esto, que es Historia, se disimula y se esconde en un relato izquierdista en el que la INDDHH cumple una labor constante de propaganda en favor de la memoria partidaria de signo zurdo y de la acción del sindicalismo con su brazo político frenteamplista. Por un lado, en sus tareas de recordación memorial de lo ocurrido en el pasado reciente, por ejemplo, jamás esa institución dejó en claro la responsabilidad enorme que tuvo la guerrilla izquierdista en el avance del autoritarismo militar.

Por otro lado, uno de los ejemplos recientes más claros del alineamiento partidario de la INDDHH fue cuando el 1° de mayo de 2020 el Ejecutivo negó la cadena oficial de medios al Pit-Cnt: la reacción de la mayoría frenteamplista del INDDHH fue exhortarlo a que revisara su posición argumentando sobre el derecho de las personas a acceder a una pluralidad de informaciones, como si en este país la prensa no fuera libre, o como si el Ejecutivo no hubiera dispuesto para esa ocasión que los medios públicos dieran amplia difusión al acto sindical.

Finalmente, dos otros ejemplos ilustran el alineamiento izquierdista de la INDDHH. El primero fue en 2018, cuando en plena período de gobierno frenteamplista un preso asesinó a otro y decidió fritar su cabeza y comérsela: la INDDHH habló, simplemente, de una “falla sistemática” en las cárceles. No hizo ninguna exhortación de nada al Ejecutivo, por supuesto, ya que eso hubiera implicado ir contra el gobierno de izquierda y dejarlo mal parado ante la opinión pública. El segundo ha sido cómo en todos estos años ha gastado dineros públicos para promover medidas en favor del voto de los uruguayos en el exterior, como si fuera ese un tema de derechos humanos, y como si el pueblo no se hubiera manifestado ya contundentemente, votando en el plebiscito de 2009, en contra de esa iniciativa.

Así las cosas, el vínculo político entre el recuerdo del medio siglo del estado de guerra interna y estas actuaciones del INDDHH es evidente: la institución que debiera de ocuparse de promover la memoria de los derechos humanos en el país, y de señalar claramente por tanto las violaciones perpetradas por los terroristas guerrilleros en aquellos negros años, no dice sobre ello una palabra, aun cuando en este mes se cumplen 50 años de los asesinatos perpetrados por los Tupamaros que llevaron al Parlamento a votar ese estado de guerra interna.

¿Cómo puede la República hacer justicia con su historia y con los derechos humanos, si la institución que se ocupa de esos asuntos maneja partidariamente y con sentido proizquierdista la legitimidad que otorga proclamarse defensora de los derechos humanos? Es tiempo de terminar de una buena vez por todas con esta vergüenza institucional.