Impunidad de los narcos

Hace tiempo que la sociedad uruguaya viene perdiendo por paliza contra el auge de la droga y el narcotráfico. Y no es porque haya un abierto fracaso de la Policía y todo el engranaje político-jurídico armado para luchar contra ese flagelo. Por ejemplo: los resultados de este año (hasta fines de agosto) no son malos. Todo lo contrario: la Policía realizó 1.343 allanamientos, se cerraron 703 bocas de drogas, 1.329 personas quedaron detenidas y se incautó, entre otras cosas, unos 2.800 kilos de cocaína.

Pero el tema de la droga y el narcotráfico sigue y crece. Ocurre simplemente que los delincuentes reclutados por el hampa se multiplican más rápido que aquellos apresados por las fuerzas de seguridad. Es muy fácil: los delincuentes “laburan” las 24 horas, pero la lucha contra ellos es de tiempo parcial. De noche no se trabaja. Está vetado por la Constitución.

El artículo 11 de la Carta Magna de nuestro Uruguay prohíbe los allanamientos nocturnos en los hogares: “El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”. Su origen es la Constitución de 1830.

En aquel momento e incluso tiempo después nadie discutía su razón de ser: se trataba de un freno a las arbitrariedades del poder, en una época donde las democracias, los principios republicanos y un enclenque Poder Judicial carecían de fuerza para detener a los gobernantes de turno. Y la gran mayoría de las constituciones de la época tenían una disposición similar.

Ahora las cosas han cambiado, en nuestro país y en el mundo. A punto que solo dos naciones registran esa disposición en sus Cartas: Uruguay y Portugal.

Muchos son los motivos que han jugado para ese desplazamiento, porque la realidad hoy es otra. Las democracias, los principios republicanos, los derechos humanos, el Poder Judicial, tienen una fuerza de la que antes carecían (o el mundo menospreciaba) y como contrapartida han aparecido -en todas partes- organizaciones criminales que funcionan las 24 horas del día y obliga a combatirlas las 24 horas del día. Regalarles la noche para que hagan lo que quieran parece un suicidio colectivo.

Todos los partidos coinciden, pero la bobada de la politiquería complica las cosas. Hace un tiempo, el expresidente José Mujica arremetió sin ambages al afirmar “que a una boca hay que entrarle de noche, de madrugada y cuando sea”. En el mismo sentido, el entonces senador Pedro Bordaberry consideró que “a esta altura, una disposición imaginada para limitar la prepotencia del soberano autocrático, está resultando en un cómodo parapeto para la delincuencia”. Y en el Partido Nacional peleó el proyecto de reforma constitucional “Vivir sin miedo” que impulsó el siempre recordado ministro Jorge Larrañaga en las pasadas elecciones. Tuvo un buen respaldo electoral (47% de los sufragios), pero no alcanzó.

Son figuras claramente contrapuestas que marcan una rotunda coincidencia, porque sus diferencias no impiden una seria preocupación por la manera que se está destruyendo departamento por departamento y barrio a barrio, la sociedad uruguaya.

No sorprende entonces el reclamo casi desesperado del ministro del Interior Luis Alberto Heber que ve diariamente cómo la noche bloquea implacable la lucha contra el narcotráfico. Su exposición días atrás en la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) fue categórica: “Precisamos los allanamientos nocturnos. Ojalá que se junten las firmas y que en el Parlamento se vote un proyecto que modifique la Constitución. Recorro los barrios de Montevideo a la una de la mañana y es otro país. Otro Montevideo. Se cuelgan los championes y viven, aparecen los nuevos comercios”, lamentó. Para luego rematar con un “¿queremos luchar contra el narcotráfico o no? Bueno, dennos las herramientas. Ahora, si no puedo entrar de noche, ahí ¡viva la pepa!”.

Se vienen ahora los tiempos electorales. El narcotráfico no distingue partidos políticos: le da lo mismo que el gobierno sea del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado, de Cabildo Abierto, del Partido Independiente, del PERI o de lo que sea. Aunque no nos guste el término, el delito es muy democrático: alcanza por igual a todos y no discrimina por simpatías políticas.

Si esto es así, ¿qué se necesita para que todo el espectro político impulse una modificación constitucional que termine con la prohibición de los allanamientos nocturnos? Hagamos un desagravio al constituyente de 1830 que quiso proteger a los ciudadanos y ahora protege a los delincuentes.