La gran novedad del Ministerio del Interior en materia de seguridad es una tanqueta. Un vehículo Cóndor del Ejército, nueve mil kilos de chapa con más años que muchos de los policías que lo van a tripular, ploteado con los colores de la Policía y presentado como si fuera una revolución tecnológica. Vienen tres más. Diecinueve funcionarios hicieron un curso de tres semanas para manejarlos. Si eso es lo mejor que se le ocurre al gobierno, estamos en el horno.
Los números explican por qué la escena resulta inquietante. El primer semestre de 2026 cerró con 195 homicidios, un 6,6% más que el año pasado y la peor cifra semestral desde 2015. En Uruguay mueren asesinadas a razón de diez personas cada cien mil habitantes por año, casi el doble del promedio mundial, y muy por encima de los países con los que nos gusta compararnos. En el estudio global de homicidios de Naciones Unidas somos el segundo país del mundo, apenas detrás de Jamaica, en porcentaje de asesinatos vinculados al crimen organizado. Más de cuatro de cada diez.
Ese dato es el que importa, porque describe un cambio de naturaleza y no una fluctuación estadística. No estamos ante crímenes circunstanciales ni ante rapiñas que terminaron mal, estamos ante una economía criminal que resuelve sus disputas comerciales a balazos, que recluta adolescentes, que controla territorios y que ya demostró que puede matar a plena luz del día, en una vereda cualquiera, sin que le tiemble el pulso y sin que nadie vea nada. Tres de cada cuatro homicidios se cometen con armas de fuego, en un país donde circula más de un millón de armas y apenas seiscientas mil están registradas.
Frente a eso, la respuesta oficial es un catálogo de buenas intenciones. Desprisionalización, campaña voluntaria de entrega de armas, análisis de aguas residuales para detectar fentanilo, un programa que promete llevar el Estado a los barrios. Todo muy razonable en un seminario, todo perfectamente inútil para el sicario de diecisiete años que esta noche va a cobrar treinta mil pesos por un encargo. Nadie entregó voluntariamente una pistola con la que piensa cometer un crimen.
De recursos y tecnología, mejor ni hablar. El gran anuncio en la materia son cinco pórticos de lectura de matrículas y reconocimiento facial para todo el país, y el estudio de la posibilidad de sumar drones al sistema que detecta disparos. Se estudia, se evalúa, se coordina. Del otro lado hay organizaciones que mueven contenedores, lavan dinero y se comunican mejor que el Estado que las persigue.
Mientras tanto, cualquier propuesta de devolverle herramientas a la Policía es descalificada de antemano. Cuando la oposición presentó su paquete de medidas, el ministro Negro lo despachó como una “mini LUC” y habló de “pensamiento penal mágico”. Curiosa acusación viniendo de quien confía en que la violencia baje por la vía del diálogo intersectorial. La LUC le había dado a la Policía respaldo jurídico para actuar, y ese respaldo se fue erosionando hasta llegar al punto actual, donde el policía sabe que si dispara la carrera que arriesga es la propia. Nada desmoraliza más a una fuerza que la certeza de que su jefe político no la va a defender, todo lo contrario, la mira con desconfianza y habla en otro idioma distinto al a de realidad.
Lo peor de todo es la resignación instalada, la idea de que estos son los números que nos tocan y que solo cabe administrarlos. Es falso, y hay evidencia al lado nuestro. Argentina cerró 2025 con una tasa de 3,6 homicidios cada cien mil habitantes, la más baja de su historia, un tercio de la uruguaya. Rosario, que hace tres años era sinónimo de guerra narco, pasó de 150 homicidios en el primer semestre de 2023 a 45 en el mismo período de 2026, una caída del 70%.
No lo lograron con tanquetas antiguas. Lo lograron con 300 patrulleros donde había treinta, con tiempos de respuesta de seis minutos donde eran treinta, con inteligencia criminal, con control efectivo de las cárceles desde donde se ordenaban los crímenes y con una decisión política sostenida que no cambió de rumbo cada vez que apareció un titular incómodo. Recursos, tecnología, y sobre todo una idea de hacia dónde ir.
Acá no falta diagnóstico, sobran informes y planes. Falta un ministerio que crea que el problema tiene solución y que esté dispuesto llevar adelante medidas efectivas. El que tenemos parece haber llegado derrotado al primer día, y esa derrota anticipada, que hasta se declaró en la prensa, se traduce en muertes todos los días que no deberían haber ocurrido.