Herencia bendita en obra pública

El gobierno actual insiste con eso de la herencia maldita que recibió, lo que a esta altura ya resulta más cansador que otra cosa. Ahora bien, más allá de toda polémica, existe un área en que el legado recibido es claramente positivo y es en materia de obra pública. El gobierno de Yamandú Orsi no puede alegar ninguna maldición: recibió, por el contrario, una herencia bendita.

La magnitud de la inversión ejecutada durante la administración de Luis Lacalle Pou y los resultados visibles en todo el país marcan un antes y un después en la historia reciente de la infraestructura nacional. El desafío del actual oficialismo no era arrancar de cero, sino dar continuidad y profundizar lo logrado. Sin embargo, las señales iniciales son preocupantes: anuncios modestos, planificación deficiente y demoras injustificables que amenazan con hacer retroceder al país.

Los datos son claros. El plan vial presentado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas del actual gobierno prevé una inversión de 2.070 millones de dólares en todo el quinquenio.

Es un monto muy inferior a los 3.780 millones proyectados por la administración de Lacalle Pou, de los cuales se ejecutó más del 95%. Se trata de una diferencia sustantiva que no puede relativizarse: el anterior gobierno no solo planificó más y mejor, sino que concretó casi todo lo que había prometido. Esa eficacia en la gestión de la obra pública no tiene precedentes y explica por qué hoy los uruguayos recorren rutas renovadas, atraviesan puentes nuevos y acceden a servicios que durante décadas fueron postergados.

La comparación en materia de puentes resulta especialmente elocuente. El actual plan quinquenal incluye la construcción o reparación de 105. Durante la administración pasada se construyeron o restauraron 227. No son cifras abstractas: detrás de cada puente hay localidades que mejoraron su conectividad, productores que pudieron sacar su mercadería en mejores condiciones, familias que viajan en menos tiempo y con mayor seguridad. Esa es la verdadera dimensión humana de lo que significa una política seria y sostenida de obra pública.

Más aún, el gobierno de Orsi recibió una situación incomparablemente más favorable que la que encontró Lacalle Pou en 2020. Entonces, el nuevo gobierno tuvo que encarar obras con escaso grado de avance y una improvisación terrible. A pesar de ello, logró poner en marcha un plan ambicioso y ejecutarlo con eficacia.

Hoy, en cambio, la nueva administración heredó decenas de proyectos en marcha, con financiamiento asegurado y avances físicos palpables. Sin embargo, en lugar de capitalizarlo lo que se anuncia es un calendario que, con suerte, permitirá ver las primeras obras propias recién en 2027 y serán de dudosa utilidad. Las causas son múltiples: paralización de proyectos necesarios, improvisación y una mala planificación que terminará resintiendo la infraestructura nacional.

La obra pública del período pasado no se limitó a rutas y carreteras. También incluyó hitos emblemáticos como el hospital del Cerro, resistido en su momento por el Frente Amplio.

Hoy esa obra es una realidad tangible que presta servicios a miles de uruguayos y que demuestra cómo, cuando hay decisión política y visión de futuro, se pueden superar décadas de postergación.

No se trata de negar la necesidad de nuevos planes, sino de reconocer que el punto de partida del actual gobierno es excepcionalmente favorable y aprovecharlo.

En vez de continuidad y ambición, abundan los recortes y las indefiniciones.

La infraestructura no es un asunto menor, es un factor central de competitividad y desarrollo. En un país exportador como Uruguay, cada kilómetro de ruta en buen estado, cada puente seguro, cada puerto bien conectado incide directamente en los costos de producción, en la atracción de inversiones y en la calidad de vida de los uruguayos. Retroceder en este terreno sería un error histórico.

El gobierno de Orsi tiene todavía la oportunidad de rectificar. Puede tomar lo recibido, reconocer el esfuerzo de la administración anterior y comprometerse a continuar ese camino.

Pero si insiste en minimizar la herencia bendita y en dilapidar lo ya hecho, no habrá relato que pueda ocultar la realidad: la obra pública que los uruguayos disfrutan hoy es fruto del gobierno de Lacalle Pou, y el deterioro que pueda venir será responsabilidad exclusiva del actual oficialismo.