En mayo de 2027 están previstas las elecciones presidenciales en Francia. El actual presidente Macron, que cumple su segundo mandato consecutivo, no podrá presentarse por impedimento constitucional. Pero ahora, a partir de una decisión de la justicia en un caso de hace una década atrás de manejo irregular de fondos públicos en relación con el partido de Marine Le Pen, la actual líder del partido Agrupación Nacional (RN) será muy probablemente impedida de postularse al mayor cargo electivo del país.

El problema es grave desde el punto de vista democrático. Por un lado, la imputación se realiza sin tener en cuenta el resultado posible de la apelación judicial prevista por Le Pen: si, en última instancia, esa apelación le fuera favorable y su resultado se diera luego de 2027, Le Pen no habría podido ser candidata presidencial por un mecanismo leguleyo y judicial totalmente sesgado. Por otro lado, a nadie escapa en París ni en toda Europa que, en función de los últimos resultados de las parlamentarias europeas de junio de 2024 cuando RN llegó primero en las urnas, y de acuerdo a los sondeos de opinión que dan a Le Pen una intención de voto cercana al 40% para 2027, la justicia está tomando una decisión que se entromete directamente en las opciones democráticas francesas más representativas de sus preferencias electorales.

Existe en toda Europa la idea de que el continente está amenazado por partidos populistas y de extrema derecha. En esa lógica, todo instrumento es válido para impedir triunfos de esos partidos, ya sea de manera directa, como la elección de un presidente, o de manera indirecta, como la coparticipación en un gobierno parlamentarista de un partido de ese signo político. Así, por ejemplo, en Rumania se decidió recientemente la suspensión de un proceso de elección democrático que daba la mayoría a un candidato pro- ruso, tildado de populista, y que según esta visión europea de la vida política del continente era un peligro para la democracia.

En Alemania el triunfo de Merz en las recientes elecciones fijó como principio inamovible dejar de lado al partido que llegó segundo en predilección democrática, y que es visto como de extrema derecha, el AfD, a pesar de que su lideresa Weidel es una mujer de 46 años que está casada con otra mujer nacida en Sri Lanka, y que forma con ella una familia con dos hijos: nada más alejado, pues, de un esquema ideológico y societario de extrema derecha. Pasó algo similar en Austria, que vio en estos meses cómo un partido considerado de extrema derecha y con gran respaldo electoral quedaba fuera de la coalición de gobierno; y en 2024en Holanda, luego de muchos intentos de dejar fuera del gobierno a la extrema derecha, el peso electoral del PVV de Geert Wilders hizo que no hubiera más remedio que integrarlo al gobierno de ese país (aunque su líder no quedó como primer ministro).

¿Qué ocurre en Europa? ¿Es que de golpe sus principales países se transformaron en sociedades de extrema derecha insensibles a la democracia y quieren entonces terminar con ese sistema de gobierno y adherir a programas xenófobos y autoritarios? Tras esa descripción que domina las explicaciones generalistas sobre Europa y que azuza el fantasma de un Mussolini, un Hitler, un Franco o un Piłsudski prontos en este siglo XXI a arrasar con la democracia, se esconde en verdad una incapacidad de ver que hay problemas sociales, demográficos y económicos graves, que los actuales rumbos de los partidos en el poder en los principales países europeos y en la estructura burocrática de la Unión Europea (UE) no están enfrentando satisfactoriamente.

En concreto, por ejemplo, la ola inmigratoria que sufre Francia, con ingresos aproximados entre legales e ilegales de no menos de 400.000 personas por año en los últimos dos lustros provenientes de África; las consecuencias de inseguridad y de problemas de integración que trajo consigo la apertura de fronteras a refugiados de Medio Oriente de 2015 de Merkel en Alemania; o los problemas de inflación, de eficiencia energética y de regulaciones económicas que imponen los dogmas ecológicos de las autoridades de la UE de Bruselas a toda Europa, definitivamente han generado gran malestar en los pueblos de ese continente, y sus manifestaciones son, justamente, las de optar por votar a partidos que critican todas esas realidades.

La exclusión de Le Pen en el proceso presidencial tendrá consecuencias graves para la democracia francesa. Infelizmente, todo este asunto recién empieza.