Azuzados por los escándalos de otros países, en donde la financiación de los partidos políticos se convirtió en una de las mayores causas de corrupción, senadores de todos los partidos aprobaron crear una comisión especial para analizar el tema y si es preciso proyectar una ley.

Es cierto que hay una ley —la 18.485 aprobada en 2009— que rige la materia, pero hay consenso en que sus normas resultan insuficientes para asegurar la total transparencia de los procesos electorales uruguayos.

El creciente costo de las campañas es una inquietud generalizada, algo que confirman los montos del dinero gastado en las últimas elecciones. Al aporte estatal estimado en 23 millones y medio de dólares deben agregarse casi 10 millones más, recolectados por los partidos políticos de donantes privados.

Esta última suma es la que más preocupa puesto que experiencias ajenas —y algunas propias— demuestran que, sin los controles adecuados, esas contribuciones pueden empedrar el camino hacia la corrupción.

Es cierto que la citada ley contiene normas precisas que limitan el monto de cada contribución y que obligan a llevar un registro de nombres y datos de los donantes. Están permitidas incluso las colaboraciones anónimas, de pequeña magnitud, que no pueden superar el 15% del total de ingresos por vía de donaciones. Además, una vez concluido el proceso electoral la ley exige que los partidos presenten una rendición de cuentas con una relación detallada de ingresos y egresos.

El problema de fondo es que la Corte Electoral, el organismo encargado de controlar que estas normas efectivamente se cumplan, carece del personal y de los recursos suficientes para supervisar la marcha del sistema y verificar si la información que ofrecen los partidos es correcta. Este es uno de los problemas que la flamante comisión debería atender para asegurar el cumplimiento de las normas vigentes o de las que puedan crearse en el futuro.

Por su parte, legisladores oficialistas consideran que una mejor solución podría ser la de eliminar o limitar las contribuciones del sector privado. En esa línea, proponen que el Estado cargue con la mayoría de los gastos o incluso con todos, solución esta última poco común en el derecho electoral comparado pues equivaldría a prohibir cualquier aporte particular a las campañas, lo que resulta discutible.

Detrás de estas consideraciones está la preocupación por el crecimiento de los gastos de campaña que exige a los partidos políticos un esfuerzo cada vez mayor para recaudar fondos. La inversión en medios masivos de comunicación, en especial la televisión, está detrás de esa imperiosa demanda de dinero.

Para solucionar el problema se propone vedar la propaganda en medios privados y canalizarla sin costo exclusivamente en medios de comunicación estatales. También se planteó la idea de obligar a los medios, en particular a la televisión, a emitir los mensajes de campaña en forma gratuita.

Iniciativas de esta naturaleza prueban que circula en nuestros partidos una visión exagerada sobre la influencia de los medios, en los resultados electorales. Al respecto, los expertos sostienen que abundan pruebas de que la incidencia de los medios es relativa y que no es verdad que un candidato o un partido se pueda imponer a la ciudadanía a fuerza de machacar con propaganda. Baste recordar lo ocurrido en 1980 cuando el gobierno militar organizó un plebiscito para aprobar una nueva Constitución y los votantes le dijeron no, pese al abrumador despliegue publicitario a favor del sí.

La comisión legislativa que se encargará de analizar el asunto no debería perder de vista su principal inquietud que es prevenir eventuales prácticas corruptas. Los intentos de soborno o de presiones sobre los dirigentes políticos para que adopten determinadas decisiones a cambio de los aportes recibidos, son algunas de las patologías a combatir. Sobre esas prácticas y la forma de prevenirlas y reprimirlas es que conviene centrar la atención.

Ya se sabe que la democracia es perfectible, un proceso en permanente construcción, como se ha dicho. Para su buena marcha resulta esencial la limpieza de los procesos electorales y sobre todo la certeza de que sus formas de financiación no se convertirán a la postre en fuente de actos de corrupción. En este terreno es donde la nueva comisión legislativa debe centrar sus trabajos en defensa de la mayor transparencia de la actividad política.

EDITORIAL