Experimento de izquierda para el país

Avanzan las definiciones políticas pensando en el próximo año electoral. Una de ellas, fundamental por el lugar que ocupa en el sistema de partidos, son las bases programáticas que acaban de ser presentadas por la comisión nacional de programa del Frente Amplio (FA).

Es claro que esas bases deben ser discutidas internamente por el FA y validadas en un plenario nacional de esa coalición que será llevado adelante a mitad de este mes. Sin embargo, desde ya, se sabe que una de las preocupaciones que la dirigencia nacional de izquierda ha tenido luego de los resultados de noviembre de 2019 y de setiembre de 2020 ha sido la de prestar más atención al Interior del país.

En efecto, esos resultados fueron elocuentes: sacando Canelones, en todo el Interior ganó con luz la fórmula Lacalle Pou-Argimón en el balotaje; y en 2020, la representación del FA en los gobiernos de intendencias del Interior quedó reducida a Salto, con la particularidad, además, de no contar allí con mayoría absoluta de votantes.

En definitiva, la izquierda se dio cuenta con la presidencia de Pereira que el gran papel de seductor de votos del Interior que había cumplido Mujica en el período exitoso que fue de 2004 a 2014, debía de ser renovado si lo que se buscaba era mejorar la performance del FA.

A partir del año pasado el FA decidió entonces recorrer el Interior con método y determinación, a la luz, además, de los malos resultados que la interna de diciembre de 2021 había arrojado en varios departamentos: las bases en Argentina, por ejemplo, recibieron más votos en esa ocasión que las que recibieron cuatro departamentos del Interior.

Y desde esa recorrida es que seguramente se afirmó una vieja idea que ya rondaba en cierta dirigencia frenteamplista, como es la de propiciar una regionalización del Uruguay.

El argumento es conocido: somos algo más de tres millones de habitantes; no precisamos por tanto 19 departamentos con sus sendas estructuras administrativas y burocráticas; hay temas que precisan ser definidos en clave regional y, por tanto, se precisa dotar al país de ese nivel regional de gobierno.

Textualmente, lo que se propone el FA es un “desafío estratégico” que implique un “nuevo proyecto territorial del país”, “sustento del desarrollo” y dar así un “contexto institucional y normativo” a la regionalización.

Hay dos grandes posibilidades para este engendro izquierdista. Por un lado, que esa regionalización quite poder real a los gobiernos departamentales. Se trataría así del viejo sueño montevideano y centralizador de limitar el poder del Interior y de quitar peso, en definitiva, a quienes efectivamente ejercen los primeros escalones de la representación política y que casualmente, por cierto, son mayoritariamente y desde hace décadas integrantes del Partido Nacional, rival estratégico clave del FA en todo el Interior.

Sería una regionalización entendida entonces como un instrumento del poder central, que tras la excusa de una nueva configuración territorial lo que procuraría, simplemente, sería quitar poder legítimo a los rivales políticos.

Por otro lado, está la posibilidad de que esta regionalización propuesta, en vez de ser una aspiradora política en contra de los gobiernos departamentales, sea una especie de nuevo estamento burocrático que se sume a todo lo que ya existe de manera de agrandar las posibilidades de hacer ingresar gente al Estado, de fomentar el clientelismo político adicto a la izquierda, y de acumular más burocracia y poder público para un país que, en la teoría de muchos diagnósticos institucionales, en realidad ya tiene suficientes niveles de representación política y gubernamental con los tres que se ha dado -nacional, departamental y municipal-. Aquí el objetivo izquierdista no sería pues tanto el de contrariar los poderes que existen y que son afines en el Interior a los partidos políticos de la coalición rival -16 intendencias en 19 ganadas en 2020 por el oficialismo-, sino el de sumar un escalón más para agrandar el botín del Estado a ser repartido por el sistema político.

En cualquier caso, esta regionalización debe ser frontalmente rechazada. Primero, porque el Interior no precisa de ella: se trata de una iniciativa típica de los montevideanos dirigentes izquierdistas que, al visitar el Interior, no se les ocurre mejor cosa que generar más burocracia. Y segundo, porque trae consigo un diseño institucional que perjudicará a las redes de poder locales asentadas en el país desde hace décadas.