EDITORIAL

“La prevención de accidentes y la salud ocupacional son aspectos muy destacables, pero en un momento de verdaderas dificultades para el sector privado, es negativo que el gobierno lo obligue a acrecentar de esta manera sus costos salariales”.

Ya lo dijo el Presidente en el último consejo de ministros de Pueblo Centenario: estamos todos muy equivocados. No es que cierren empresas por el cóctel explosivo de altos costos, tarifas e impuestos, intolerancia sindical y escasa competitividad por la falta de acuerdos comerciales con otros países. No, nada de esto es cierto. Son meras patrañas de los capitalistas explotadores y la prensa de la derecha... Para Vázquez, en realidad, cierran por una evolución natural del libre mercado, esa destrucción creativa de la que hablan los teóricos liberales.

Todo muy optimista, de parte de un gobierno que sigue gastando más de lo que recauda, donde se pierden empleos en forma exponencial y se asfixia justo a aquellos a quienes más se debería dejar respirar.

Y lo que informó El País anteayer no tiene desperdicio: el senador nacionalista Sebastián Da Silva se vio en la obligación de promover una prórroga a un decreto de 2014, por el que el entonces presidente Mujica había dispuesto que, a partir de mayo de 2019, todas las empresas con más de cinco trabajadores estarían obligadas a contratar un técnico prevencionista y un médico.

Así como se lo cuento, amigo pyme: si usted tiene en planilla a cinco empleados, sepa desde ahora que dentro de un mes y poco tendrá que tener siete, casi un 50% más. Y no porque le vaya tan bien, que puede ofrecer nuevos cargos, no. Los tiene que contratar porque el Estado lo obliga.

Y tampoco crea que se tratará de un asesoramiento puntual, o que va a recibir algún tipo de exoneración fiscal por la gentileza, no. Como informa la crónica de nuestro diario, “la reglamentación indica que el costo asociado a la contratación del servicio de prevención y salud laboral debe ser atendido por cada empresa, y establece además que el nuevo personal deberá estar incluido en la plantilla laboral”.

Nadie duda que la prevención de accidentes y la salud ocupacional son aspectos muy destacables, y que hace bien el Estado en preocuparse por la integridad física de los trabajadores públicos y privados. Lo intragable es que, en un momento de verdaderas dificultades para el sector privado, el gobierno lo obligue a acrecentar de esta manera sus costos salariales. Como decretaron esto, mañana pueden forzar a los empleadores a que paguen la educación de los hijos de sus trabajadores. (Bueno, en realidad el MEC ya lo hace, con plata de los contribuyentes…).

La anécdota revela el escaso vínculo que tienen los gestores del gobierno frenteamplista con la realidad del empresariado.

Con toda razón, el senador Da Silva califica el decreto de “surrealista”. Pone dos ejemplos bien ilustrativos de su rotunda inadecuación, que es aplicable tanto a un pequeño establecimiento ganadero del interior (“solo con el pago del viático para el traslado de ese personal, ya se hace imposible de sostener”) como a una posada turística de Rocha, (“que viniendo de resistir un verano tenebroso, tenga que contratar un médico en el invierno crudo que se avecina, para evitar una multa de la Inspección General del Trabajo”).

Porque esta es la contracara de la simpática medida: sacan a los inspectores a la calle y no hay tu tía. Todo aquel que no haya sumado a los dos profesionales en su plantilla, que pague.

Después se preguntan por qué despotrica la gente del grupo Un solo Uruguay, por qué se pierden miles de puestos de trabajo, por qué hay tantos jóvenes “ni ni”.

También es cierto que nunca se caracterizaron especialmente por entender de gestión empresarial, y el disparatario que hicieron con Ancap, Alur y tantas aventuras empresariales diletantes, es prueba de ello. Como las “velitas encendidas al socialismo” con que Mujica quemó la plata de los uruguayos, para sostener los negocios fundidos de sus amigos políticos.

Un gobierno responsable, en lugar de convertir la prevención de accidentes y la salud ocupacional en un costo salarial para los empresarios, debería desarrollar una enérgica política de difusión y concientización sobre la importancia de estos temas, colaborando activamente con las empresas y sus trabajadores, en lugar de imponerles más sacrificios.

Si se sinceraran, deberían expresar abiertamente su desprecio por la actividad empresarial privada y su intención explícita de castigarla, para extender aún más al Gran Hermano estatal sobre la vida de las personas.
No es casual que se muestren tan empáticos con el desastre estatista de Venezuela.