Estamos tocando el fondo

Ha sido una semana negra para el gobierno en varios frentes, que plantea la duda sobre si esta administración, heredera de la anterior, tiene su base en una frágil entelequia que hace más agua que el Titanic y amenaza cimientos casi sagrados de la sociedad, que hoy parecen de escaso valor. Mientras continúan los coletazos de la increíble historia de los enfermeros convertidos en asesinos seriales y los ciudadanos intentaban entender como la impunidad de hecho les había permitido hacer lo que hicieron, aflora un nuevo escándalo en la Enseñanza: denuncias de violencia, amenaza de muerte a un director, presencia de prostitutas en los baños de una institución, venta de drogas. Da la impresión que en materia de Educación hemos tocado el fondo y lo único que nos salva son los varios subsuelos que se han construido -para que siga cayendo-, con mayor celeridad que los edificios que albergan los centros de estudio.

Esto de la Educación es tremendamente grave y pone de manifiesto como la lucha de los corporativismos por mantener sus cuotas de poder y la lentitud del sistema político -donde el partido del gobierno disfruta de mayorías absolutas- por recuperar lo que nunca debió haber entregado afecta a la sociedad. En ese rifirrafe por quien debe mandar en la enseñanza, la visión del árbol (las disputas por el mando) hizo perder la perspectiva del bosque, que es, nada más y nada menos, que los alumnos, los estudiantes, aquellos cuya prioridad debe ser proteger y capacitar para que puedan mirar su futuro con cierto optimismo, los destinatarios de los programas educativos. Y lo que saltó ahora, no sabemos -como en el episodio de los enfermeros- cuan extendido puede estar; si se limita solo a los casos recién conocidos o si la gangrena se extiende.

El escenario en este caso fueron dependencias de la Universidad del Trabajo (UTU). En el escuela técnica de la Unión que cuenta con 1.600 estudiantes y donde el servicio policial del 222 no existe o es insuficiente, se registró la amenaza. La presencia de prostitutas y venta de drogas fueron denunciadas en el Instituto Técnico Superior con más de 5.000 alumnos, donde las carencias de seguridad son las mismas. En tanto otros 30 centros dependientes de UTU se sumaron a ese reclamo por seguridad, porque no hay que olvidar que el Ministerio del Interior ha reducido las horas del 222 casi en un 50%, con la idea de que ese servicio en los institutos educativos sea cubiertos por empresas privadas, cosa que hasta ahora parece muy lejana. El entorno de estos establecimientos es tierra de nadie, no hay autoridad, no hay control.

Mientras esto se desencadena en terreno de la UTU, Secundaria -la madre de todos los problemas- presenta su habitual hostilidad a la hora de privilegiar el derecho de los estudiantes a estudiar. Vela armas a la espera de las elecciones internas del Frente Amplio para no perjudicar al candidato del Partido Comunista (Juan Castillo) y la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), donde 10 de los 15 miembros del Ejecutivo pertenecen al PCU, se prepara para una gran ofensiva en junio, donde apunta a la paralización total en su lucha por el poder en la Educación. "Vemos como muy posible el escenario de un conflicto generalizado, que lo estamos ubicando sobre mitad de año", afirmó el secretario general del gremio, José Olivera. No lo hacen por defender la Enseñanza, sino su cuota de poder frente al poder político emergido de las urnas.

Es inaceptable y rayano con la extorsión que el medio para reclamar sea exclusivamente dejar a los estudiantes sin clase. El bosque no les preocupa, están obsesionados por el árbol de su corporativismo amenazado; de sentirse dueños y señores de una parcela de omnipotencia, sin rendir cuentas a nadie; aunque se trate del futuro de los uruguayos. Si el problema en nuestro país -y esto es convicción de la sociedad y lo avalan resultados objetivos- es el nivel de la enseñanza pública, el daño será irreparable; si poco sabían los chicos, menos van a saber ahora. Y tan grave como ello es el perjuicio para la familia y la sociedad: serán unos 300.000 alumnos de entre 12 y 18 años que mientras duren las medidas "reivindicativas" se quedarán encerrados en sus casas o vagando por las calles para matar el tiempo, una alternativa que promueve el desaliento a sus obligaciones y resulta muy peligrosa por sus eventuales derivaciones.

Estamos tocando el fondo.