Embestida burocrática

Como si el país no tuviera problemas suficientes tenemos un gobierno empeñado en complicarle la vida a las personas que viven de su propio esfuerzo. Los ejemplos sobran por estos días, pero basta señalar la decisión del gobierno de convertir el régimen de franquicias en un laberinto, la iniciativa que pretende eliminar de hecho el ahorro previsional privado y las nuevas reglas tributarias que desalientan la llegada de personas e inversiones.

La estrategia es inequívoca: más Estado, más burocracia, más discrecionalidad y menos crecimiento.

La nueva regulación sobre las compras web al exterior es un ejemplo claro. En el discurso oficial se la presenta como una mera reglamentación pero en la práctica constituye una imposible de sortear para la enorme mayoría de las compras. El régimen de franquicias existía para facilitar el acceso de los consumidores uruguayos a bienes del exterior pero ahora se le agregan exigencias que vuelven inaplicable buena parte del sistema, especialmente para las compras desde Estados Unidos.

Eso ya sería grave por sí mismo pero hay otras consecuencias: el nuevo diseño contradice el sentido del acuerdo TIFA con Estados Unidos, que debía facilitar y no obstaculizar los flujos comerciales. La señal que se envía es lamentable, Uruguay, un país pequeño que necesita abrirse al mundo, decide enredar a sus consumidores, castigar la eficiencia logística y agregar un sesgo antiimportador. Es una burla para miles de uruguayos que terminan pagando más y padeciendo más trámites para acceder a bienes que en cualquier economía normal se compran con un clic.

El segundo caso es todavía más delicado, porque toca derechos de propiedad y seguridad jurídica. Lo que se viene insinuando en el llamado diálogo social respecto de las AFAP no es un ajuste técnico es un intento deliberado por dejar sin efecto, por la vía de los hechos, el sistema de ahorro previsional individual. No hace falta una estatización declamada a los gritos para lesionar derechos, alcanza con transferir funciones, concentrar decisiones en un organismo estatal y erosionar gradualmente la autonomía del trabajador sobre su propio ahorro.

Detrás del lenguaje edulcorado de un diálogo voluntaristas, monólogo en realidad de socialistas entre cuatro paredes, asoma una vieja pulsión estatista: la incomodidad de la izquierda con cualquier espacio donde el ciudadano conserve una esfera de decisión y una porción de propiedad fuera de la mano del burócrata.

Las AFAP pueden ser perfectibles, por supuesto, pero una cosa es mejorar un sistema y otra muy distinta es destruirlo. Cuando el Estado avanza sobre el ahorro individual, lo que está en juego es la confianza de millones de personas en que las reglas no serán alteradas cada vez que el gobierno de turno necesite poder o recursos, habrá que estar muy atentos a este tema fundamental para el futuro del país.

La tercera noticia completa el cuadro. Los cambios tributarios impulsados por el gobierno ya lograron frenar la llegada de argentinos a Uruguay. Durante años la radicación de argentinos significó inversión inmobiliaria, consumo, actividad, empleo, servicios profesionales y una inyección de dinamismo para una economía que crece por debajo de su potencial.

Dificultar esa llegada, erosionar el atractivo fiscal del país y transmitir la idea de que Uruguay ya no valora al que invierte y se instala aquí es una señal profundamente dañina.

Lo más inquietante es la coherencia del conjunto. Se castiga al consumidor con más trabas en las compras al exterior, se amenaza al ahorrista con una ofensiva contra el régimen previsional y se espanta al potencial residente e inversor con cambios tributarios que destruyen certezas. En los tres casos, el hilo conductor es el mismo: desconfianza hacia la libertad económica, desprecio por los incentivos y fe ciega en que el Estado digna de mejor causa.

Los países crecen cuando simplifican trámites, se abren al mundo, respetan el derecho de propiedad y atraen talento y capital. Necesita menos dogma burocrático y más vocación de crecimiento. Porque detrás de cada nueva traba, de cada avance estatal y de cada mala señal al que produce, invierte o consume, no hay justicia social ni soberanía económica: hay menos prosperidad y menos libertad.

Cuesta creer que un gobierno sea capaz de tanta torpeza cuando sabe que el principal problema que tenemos es la falta de dinamismo pero, en los hechos, los radicales están logrando imponer su visión para mal de todos los uruguayos.