EDITORIAL

En ese escenario, el régimen chavista se asocia con el narcotráfico mientras la violación de los derechos humanos se profundiza y provoca que muchos dirigentes opositores, entre ellos la exfiscal Ortega, abandonen el país por las amenazas de las que son objeto.

Las últimas elecciones en Venezuela del último domingo dieron el triunfo al gobierno de Maduro, que ganó en 17 de las 23 gobernaciones con una votación del 61%. Al día siguiente el General Diosdado Cabello advirtió a los gobernadores opositores electos que si no se someten a la amañada constituyente instalada no podrán asumir sus cargos; en otras palabras, amenazó a los gobernadores de la oposición con impedirles asumir funciones.

Por otra parte, las denuncias de fraude electoral han surgido desde la oposición y también de la comunidad internacional. La Unión Europea analiza la aplicación de sanciones más severas a Venezuela, el Subsecretario Shannon del gobierno de Trump afirmó que la "paciencia tiene un límite". El Presidente Santos propone la celebración de elecciones generales en el país vecino bajo observadores independientes. México, Chile, Brasil, Argentina y Perú realizaron severas críticas a las condiciones en que se han celebrado las elecciones mientras el gobierno uruguayo no se pronuncia presionado por los sectores radicales del gobierno y por el poder sindical.

Lo sucedido demuestra una vez más que el proyecto político de Maduro tiene como objetivo consolidar un régimen de partido único con el respaldo integral del gobierno cubano, con el castrismo en el poder hace ¡¡58 años!! Significa un retroceso en la defensa de los derechos humanos no solo de los venezolanos sino de todos aquellos que disponen de la prerrogativa fundamental de opinar libremente y de ejercer la soberanía eligiendo sus gobernantes sin limitaciones.

Lo expuesto comprueba que los gobiernos populistas tienden a consolidarse como regímenes totalitarios y confirma la hipótesis de que no están dispuestos a ser desplazados por la vía electoral ni por la puesta en marcha de mecanismos constitucionales que regulan el instituto del juicio político.

Ortega, Morales, Correa (ahora enfrentado a su sucesor y candidato) apuestan a sus reelecciones por todos los medios a su alcance tratando que la soberanía popular funcione bajo presión, amenazas y todo tipo de condicionamientos.

Maduro apela a cualquier costo a todo acuerdo que le permita permanecer en el poder. Hace pocos días terminó de refinanciar la deuda de Venezuela de 17.000 millones de dólares con Rusia y de recibir otros 5.000 millones por la venta de crudo adelantado hasta el 2019. Por esa vía evitó el default que en los hechos se manifiesta en todas los sectores de la economía venezolana. Además renovó su acercamiento con Irán y otros países productores de petróleo, mantiene el envío diario de miles de barriles de petróleo a Cuba y negocia con la mayoría de los países del Caribe sus votos en la OEA para evitar sanciones más severas por violación de su cláusula democrática.

Un tema aparte es su estrecha relación con el gobierno de Evo Morales, quien anuncia un nuevo intento para lograr su reelección, a pesar del resultado negativo que obtuvo en el último referéndum. Eso explica, entre otras cosas, el homenaje que las Fuerzas Armadas bolivianas decidieran efectuar al Che Guevara a 50 años de su muerte en ese país, luego de ser traicionado por el propio Partido Comunista.

En ese escenario, el régimen chavista se asocia con el narcotráfico mientras la violación de los derechos humanos se profundiza y provoca que muchos dirigentes opositores, entre ellos la exfiscal Ortega, abandonen el país por las amenazas de las que son objeto junto a sus familias. Por todo esto, es indignante el silencio de nuestra Cancillería, que con la intención de mantener un inexplicable equilibrio interno con las fuerzas que integran el gobierno hipoteca la imagen del Uruguay, un Estado democrático que fue referente por el respeto al Derecho Internacional y por su independencia de criterio a la hora de hacer prevalecer los principios.

Que quede claro, no se trata de definiciones estereotipadas sobre derechas o izquierdas sino de pronunciarse desde los valores que han sido la esencia de nuestro país contra todo intento de violar los derechos humanos, venga de donde venga.

El Estado es una expresión jurídica y moral. Una entidad que sobrepasa todo personalismo y el protagonismo de construidos personajes. Presidentes que bajo su aparente e inofensiva imagen ocultan un demoledor proceso de destrucción de los valores institucionales que el Uruguay orgullosamente expuso ante la comunidad internacional.

Ojalá podamos reflexionar con serenidad y menos pasión. Nada justifica que miremos para el costado cuando en otros países ocurre lo que no queremos que nos vuelva a suceder.