El escándalo en torno a la rescisión del contrato de compra de las lanchas para la armada, cada día toma un cariz más alarmante. Sobre todo, tras ver la reacción del propio presidente Yamandú Orsi, quien parece estar saltando los cortafuegos, y asumiendo para si mismo, para su destino político, algunas de las malas decisiones de su entorno inmediato.
Como se ha dicho hasta el cansancio, aquí hay dos temas muy diferentes. Por un lado, está el proceso de licitación y compra de estas naves, las cuales todo el sistema político ha estado de acuerdo que el país necesita con urgencia, para recuperar el control de las aguas territoriales del país. Un detalle insólito: mientras el FA y su tropa de sociólogos, politólogos y periodistas afines, no paran de hablar del peligro del “narco” y buscan que el país sacrifique su industria financiera para frenar el lavado de dinero, le regalan las aguas territoriales, lo mismo que hizo Correa en Ecuador. Así le fue.
Pero volvamos al proceso. Allí hay debates muy pertinentes sobre cómo se gestó esta compra, y si el gobierno se hubiera centrado en ello, esto sería un debate político como tantos que ocurren en un sistema democrático saludable.
El problema es que el gobierno, de manera insólita y llamativamente frívola, decidió hacer una conferencia de prensa al mejor estilo chavista, para anunciar la rescisión del contrato, como si fuera algo memorable. Esto basados en un detalle accesorio, como es un defecto en una garantía menor, y sin cumplir con ninguna formalidad de las que se requiere para tomar una medida así.
Se sabe que el gobierno tiene poca asesoría legal, y que la escasa que hay en Presidencia, está a cargo de alguien como Jorge Díaz, un penalista de mediana estatura, y con nula experiencia en materia de litigios internacionales. Para peor, alguien con ambiciones personales inversamente proporcionales a su sentido republicano.
Pero incluso con esas carencias, es insólito el paso que dio el gobierno, cuando hay en el país gente capaz a golpe del teléfono. Tan accesibles, que consultados en “off” por este diario, no terminan de explicarse una torpeza tan grande. Como decía la cabeza de uno de los principales estudios jurídicos nacionales días atrás: “si el empresario gallego llega a ser el 10% de lo estafador que ha sugerido el gobierno, éste le regaló un cachón inmenso para que se haga millonario a costa nuestro”.
Pero en las últimas horas el tema ha cobrado todavía mayor gravedad.
Es que cuando algunas figuras del gobierno como el ministro Oddone o el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, parecían bajar la pelota, y abrir la puerta a un diálogo que encauzara el tema, el propio presidente Orsi se abrazó al yunque.
Al salir a hacer declaraciones, duplicó la apuesta, atacó a la oposición, y ratificó la voluntad de rescindir el contrato de forma unilateral. Incluso manejó argumentos impropios de su trayectoria política, afirmando cosas como que le llamaba la atención que figuras del gobierno anterior defendieran a una empresa privada, en vez de al país.
¡Todo lo contrario!
Lo que defiende todo el mundo con un mínimo de conocimiento legal y político, es la imagen del país. Sí, esa con la que Orsi tantas veces ha “lucrado”, políticamente, hablando de que este es un país donde hay procesos de largo aliento, políticas de estado, y que se respetan las formas y los contratos.
Todo eso, que tanto costó construir, se va al diablo cuando un gobierno se levanta un día con el zapato cambiado, y decide que, porque se le canta, va a romper un contrato, sin respetar ninguna condición, sin tener motivos que lo justifiquen legalmente, por capricho político.
Esa es una muestra de lo peor de la política latinoamericana, de la que Uruguay hasta ahora parecía a salvo.
Y lo más grave, es que el propio presidente asuma para sí las consecuencias de semejante error. Porque hasta ahora, si bien la conferencia que hizo hace unos días fue un error trágico, tenía alguna puerta de escape. Siempre podía culpar al excesivo celo, o a la impericia de sus asesores cercanos, para encontrar una salida lateral a la crisis.
Ahora, este desastre quedará completamente como responsabilidad de Orsi. Si cumple con su palabra, y rescinde unilateralmente el contrato con el astillero español, no sólo habrá generado un daño económico millonario al país. No sólo habrá dado un golpe al corazón de la reputación legalista del Uruguay. Habrá atado su destino político a las consecuencias de una crisis tonta, autoinfligida, y que tendrá consecuencias muy graves en los años por venir.