El “archivo Castiglioni” y la doble vara

El pasado editorial “Abrir los archivos Castiglioni” generó mucha polémica. Por un lado, se sumaron voces en favor de esa apertura, y por otro lado quedó al descubierto la hipocresía de algunos expertos militantes.

Empecemos por destacar la voluntad de apertura. Hasta el día en que se publicó ese editorial, el pasado 28 de febrero, ningún historiador había salido en defensa del derecho del periodista Álvaro Alfonso, reconocido investigador sobre la Historia reciente del país, por conocer las informaciones de los archivos Castiglioni. Y eso que hubo tiempo, ya que la entrevista a Alfonso en la que relató toda la situación fue publicada por El País el 18 de enero.

Los archivos Castiglioni son un conjunto amplio de material, seguramente de inteligencia policial y militar, vinculado a los años de la dictadura, que se encontraron en el domicilio del funcionario de ese apellido en 2016, que el Poder Judicial (PJ) decidió que fuera conocido sólo por dos historiadores, casualmente muy afines al FA, y que para el resto se ha mantenido en reserva. A raíz del editorial, uno de esos historiadores señaló que “lamento, y he lamentado públicamente en muchas oportunidades, que la documentación histórica que se encuentra en la órbita del Poder Judicial no esté accesible a los investigadores”. Y la Asociación Uruguaya de Historiadores reiteró “el reclamo de la comunidad de historiadores en favor del acceso público a los documentos sobre el pasado reciente”.

Tan luego, cualquiera supondrá que tanto uno como la otra habrán planteado ya formalmente al PJ su parecer sobre este asunto concreto de la investigación de Alfonso, e incluso, para mejor colaborar, se habrán acercado al periodista para ayudarlo en su iniciativa. Quien así pensare no estaría considerando la profunda hipocresía a partir del cual muchos de estos involucrados, fijan ahora su posición pública.

En primer lugar, la historiadora militante dice creer que se deben abrir los archivos al conocimiento público. Pero cuando tuvo la oportunidad de llevarlo a la práctica, desde una dirección de secretaría en la segunda administración Vázquez, narra que se encontró con dificultades tales que prefirió renunciar a su objetivo. Se trata de una manifestación más de aquella célebre expresión, “animémonos y vayan”, esta vez en la versión de reclamar algo que, cuando toca poder hacerlo con mayorías partidarias propias, termina sin hacerse.

En segundo lugar, tanto la historiadora como muchos de sus colegas no parecen haber prestado atención a la resolución de la jueza Tortora, que para mantener en “reserva absoluta” la información que solicita Alfonso, expresa en su tercer considerando lo siguiente: “los informes técnicos emanados en obrados de Álvaro Rico e Isabel Wschebor aconsejan la reserva de las presentes actuaciones”.

¿Cómo puede ser que por un lado los informes técnicos en el ámbito judicial de estos dos historiadores afines al Frente Amplio sean interpretados de forma tal de aconsejar “la reserva” de lo que surge del archivo Castiglioni, y que por otro lado Wschebor afirme públicamente, hoy, estar a favor del acceso libre a los documentos sobre el pasado reciente? ¿Acaso olvidó el contenido de sus informes pasados? ¿Acaso se preocupa incansablemente por el tema, pero ignora los argumentos de la resolución de la jueza que niega el acceso a la información a Alfonso?

Todo esto huele muy mal. Resulta que antes del editorial del 28 de febrero, ningún historiador movió un dedo en favor de la pesquisa de Alfonso, incluso a pesar de que el asunto se hizo público en enero.

Luego, una asociación y una historiadora directamente implicada en el tema, claman públicamente en favor de la libertad de información de los archivos históricos; pero, apenas se hurga un poco más, resulta que la historiadora en cuestión no solo no hizo nada concreto en favor de esa libertad cuando tuvo la oportunidad en tanto jerarca del gobierno del Frente Amplio, sino que además realizó un informe técnico que deja pensar a la jueza del caso que lo mejor es dejar todo el archivo Castiglioni bajo absoluta reserva. Algo no cierra.

Todos están a tiempo de que huela mejor: los historiadores Wschebor y Rico, por ejemplo, podrían explicar a la jueza de que de ninguna manera están de acuerdo con que la información no deba brindarse a Alfonso, y a quien quiera estudiarla, y la asociación de historiadores podría corporativamente respaldar tal iniciativa.

Sin embargo, no parece haber muchos datos que lleven al optimismo de que algo así vaya a ocurrir.