El año judicial se abre entre angustias

El martes volverán los tribunales al trabajo pleno. Y rotará la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, pasando del Dr. Tabaré Sosa al Dr. John Pérez Brignani.

En la Feria ascendió a Ministro de Corte la Dra. Doris Morales, por ser el miembro más antiguo de los Tribunales de Apelaciones y haber vencido los 90 días de la vacante que pasó a llenar.

Los movimientos en la cúspide del Poder Judicial siempre merecen atención y augurios. Pero este 2022 entra con las tres funcionales del 2021. Por tanto, los buenos deseos no bastan.

En el primer semestre del año pasado, el Presidente de la Corporación cortó el diálogo con el Presidente del Colegio de Abogados. En el segundo semestre, la Asociación de Magistrados del Uruguay reclamó que se aplicase la ley de ascensos y hubo desavenencia fuerte en un caso concreto. A todo lo largo del año, los Juzgados lucían letreros de AFJU -Asociación de Funcionarios Judiciales- donde se reprochaba a los Ministros de la Corte cuidar la salud en su casa mientras los subalternos hacían trabajo presencial. El clima fue tal que AMJU y AFJU rechazaron ir al Palacio Piria para saludar por fin de año.

Entretanto, trascendieron en la prensa incomodidades entre los Ministros. Y surgió una denuncia insólita: los abogados de una casación adjudicaron a su contraparte haber ganado usando información secreta que imputan a infidencia de una Jueza actuante en apoyo técnico del Presidente de la Corte. Abierto el pertinente sumario, es exigible raspar hasta el hueso por el bien de la verdad y la intangibilidad del Cuerpo. El Derecho prevé qué se debe hacer ante las transgresiones. Si es humano que alguna vez sucedan barbaridades que antes no ocurrieron, no hay que dejar desleír las denuncias en caldos de duda y olvido.

Suturados los malentendidos y aclarada la bochornosa acusación, habrá que dar vuelta la página y retomar el camino de fortalecer la independencia del Poder Judicial, a contramano de lo que penosamente sucede en países del vecindario.

Reconozcamos que esa independencia, orgullo nacional, en tiempos recientes recibió golpes y desconsideración.

Un golpe duro fue haber incumplido el gobierno de Tabaré Vázquez el pago del aumento legalmente adeudado a Jueces, Actuarios y funcionarios y haber jugado a las escondidas con los fallos, mediante transacciones desparejas e ilegales. Otro golpe, más duro aun, fue haberle sustraído al Poder Judicial competencias básicas, al aprobar el actual Código del Proceso Penal, que reduce la función del Juez hasta impedirle controlar la verdad o falsedad de lo que Fiscales y defensores acuerdan en “procesos abreviados”, donde los antecedentes no quedan en el expediente judicial sino en la carpeta informal de la Fiscalía.

Y hubo desconsideración en estos meses, en la manera politizada con que se intentó acordar los nombres para el recambio parcial de la Suprema Corte y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Es legítimo que se apliquen los arts. 236 y 308 de la Constitución, cada vez que vence el plazo que la Asamblea General tiene para llenar las vacantes. Pero no es aceptable que los legisladores no concuerden en distinguir a los mejores Magistrados por su trayecto y deserten de su competencia constitucional para marcar, por mayoría especial de dos tercios, que por encima de los partidos, la República se preocupa por elegir jueces a los mejores, en vez de abandonarse a la rutina de los plazos.

La incapacidad para formar consensos es particularmente grave porque atravesamos una época en que la opinión pública espera del quehacer judicial no solo la competencia que se le rebanó en el proceso penal. Además, aguarda que en temas de violencia doméstica, familia y fraudes, la Justicia repare con precisión y prontitud las brutalidades que se le llevan en estado de caricaturas trágicas. Esperan, por cierto, más que lo que la Justicia puede hacer.

En su origen romano, la jurisdicción -juiris dictio- significaba decir el derecho y esa función, como ahora, correspondía a los jueces.

Pues bien. Decir el derecho con eficacia es imposible si la ciudadanía no cultiva los sentimientos normativos que deben unirnos por encima de clases y circunstancias y por cualquier tema se forman bandos y grupos de presión.

Por eso, los votos de éxito para el 2022 judicial deben acompañarse con el propósito de recuperar la virtud ciudadana y la conciencia institucional, sin las cuales no hay Justicia que pueda hacer milagros ni República que logre brillar.