El amigo brasileño

Es incomprensible la solidaridad que el oficialista Alberto Couriel le brindó días pasados en nuestro Senado al político brasileño José Dirceu, el ex jefe de gabinete del presidente Lula, condenado a más de diez años de cárcel como cerebro de una red de corrupción. El episodio llamó la atención de senadores y periodistas locales porque la existencia de esa red y las trapacerías de Dirceu fueron largamente demostradas por el Supremo Tribunal Federal de Brasil que hasta ahora condenó a 25 políticos, algunos de primera línea, y a varios empresarios.

¿Qué pudo mover a Couriel a leer los descargos de Dirceu ante sus pares en un intento por salvarle la cara? Probablemente una mal entendida solidaridad con un miembro de la izquierda latinoamericana, esa misma izquierda ascendente en la cual el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil se convirtió en un modelo a imitar. Un modelo atractivo pues su espectacular triunfo, una década atrás, fue una fuente de inspiración para las izquierdas de varios países de la región, Uruguay incluido. Uno de los argumentos fuertes de aquella campaña electoral que encaramó a Lula en la presidencia de Brasil en 2003 fue la imagen de limpieza y honestidad del PT, todo un plus en un país cansado de ver a sus políticos mezclados en asuntos turbios. El célebre "Rouba mas faz" (Roba pero hace), aplicado en el pasado a uno de ellos, graficaba la histórica resignación con que los brasileños evaluaban la probidad de sus políticos.

No por casualidad, Lula, y quien sería su mano derecha en aquel primer gobierno del PT, José Dirceu, levantaron la bandera de la ética y la transparencia con la cual atrajeron a sus filas a sectores de las clases medias urbanas y de la clase obrera así como a una multitud de ilusionados jóvenes y a militantes de las organizaciones sociales. Esa bandera empezó a hacerse jirones en 2005 cuando estalló el escándalo del "mensalao" (mensualidad), un esquema ilegal de compra de votos de parlamentarios.

El corazón del gobierno, Dirceu incluido, cayó en esa primera redada, pero el presidente Lula, por extraño que parezca, logró quedar al margen y desligarse casi por completo del tema. Tanto fue así que alcanzó sin mayores problemas su reelección para un segundo mandato que concluyó a fines de 2010.

Ahora, su sucesora, Dilma Rousseff, no ha tenido otro camino que hacer una sangría entre ex -miembros del gobierno anterior al disponer el cese de diversos ministros acusados sucesivamente de variadas corruptelas. La enérgica actitud de la presidenta y el tono ejemplarizante de los procesos del Supremo Tribunal Federal por el "mensalao", trasmitidos en directo al público por radio y televisión, marcaron un positivo intento por rectificar rumbos y salvar del desastre la devaluada imagen del PT brasileño.

De todas maneras, aquella idea de que la izquierda era diferente quedó malherida ante los ojos de millones de brasileños. Las casi 600 escobas (una para cada congresista) plantadas hace poco por los "indignados" cariocas en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, están allí para instar a Rousseff para que prosiga la operación de limpieza en la administración pública y termine por barrer a los corruptos. Los analistas dicen que en esa pulseada se juega la credibilidad que le resta a la izquierda y, en general, al sistema político brasileño.

Si bien la resuelta actitud adoptada por Rousseff sirvió para reforzar su popularidad personal, la seguidilla de revelaciones sobre los negociados sigue teniendo un efecto desmoralizador para el PT cuyos millones de adherentes comprueban hoy que los casos de corrupción pueden surgir en todos los partidos políticos. El quid de la cuestión es detectarlos, indagarlos y hacer justicia con los responsables sin intentar defenderlos contra viento y marea.

El senador Couriel, tan afectado por la suerte corrida por Dirceu y tan reticente a aceptar la culpabilidad de su amigo brasileño, debería reflexionar a fondo sobre esta situación del PT y admitir que ningún partido, incluidos los de izquierda, está libre de albergar a algún corrupto. En Uruguay, casos como el escándalo de los casinos municipales con sus millonarias pérdidas y la subsiguiente condena al contador Juan Carlos Bengoa y otros funcionarios designados por el Frente Amplio, demuestran que ninguna formación política está exenta de ese riesgo.