El affaire Carrera

No por trillada, aquella frase “la justicia lenta no es justicia” es menos acertada. El Uruguay, tal como lo destacan nuestros buenos lugares en diversos rankings internacionales, es catalogado como país serio, respetuoso de las leyes y la Constitución. Por ejemplo, ocupamos el primer lugar en América Latina por la vocación democrática de sus habitantes. Sin embargo, la celeridad y eficacia de nuestra justicia, dejan mucho que desear.

No solo por el tramiteo infernal que nos caracteriza en todo lo público, más nuestro laberíntico sistema legal y la avezada cultura leguleya, sino por otras razones “non 0.” Abundan las ocasiones en las cuales se perciben motivos espurios que saltan a la vista por más que se les intente disimular, provenientes desde la pura insensibilidad o ineptitud, hasta los intereses de corte político o exclusivamente corruptos. La fuga de Morabito (narcotraficante internacional) es un clásico ejemplo de la última categoría mientras el caso del senador Carrera da la impresión de calzar en la penúltima.

Varios senadores que integran la Comisión Investigadora del Senado han manifestado abiertamente su malestar con la falta de avances notoria, de la causa que investiga las presuntas irregularidades en el Hospital Policial. El tema central de la acusación que investigan los senadores se relaciona directamente, nada menos que con uno de sus miembros. El Sr. Charles Carreras ex director general de Secretaría del Ministerio del Interior durante el gobierno del FA a lo largo de 7 años (2010-2017). Y como suele suceder bajo ciertas administraciones y por parte de ciertas personas, terminan por creerse que sus potestades son infinitas. Y pueden hacer cualquier cosa. Disponer de los recursos del Estado como si fueran propios o utilizar su poder momentáneo para hacer y ordenar lo que les plazca.

Las maniobras irregulares del actual senador, si bien aún no confirmadas legalmente, se estiman en unos US$ 300 000, pero mientras no se dilucida su expediente en la justicia, ocupa tranquilamente una banca en el recinto parlamentario en donde no ha optado por la discreción, a pesar de la espinosa situación en la que se haya inmerso. Está acusado de desviar fondos y ordenar atención médica y hospitalaria por fuera de la legalidad a un civil, desde su cargo jerárquico en el Ministerio. Cuando se le señala la no pertinencia de ordenar la internación durante más de 3 años en el Hospital Policial de Víctor Hernández, una persona que quedó parapléjica a fines del 2012, tras recibir un bala perdida en extrañas circunstancias, además de un pago de $ 20 000 mensuales surgidos del presupuesto para tickets de alimentación destinados a los efectivos, el Sr. Carrera argumenta que su acción es demostrativa de su humanidad. Pero resulta que su sentido humanitario parece que alcanzó también a su entonces pareja, permitiendo que se atendiera en dicho nosocomio. Y no solo ella, sino la diputada del FA, Susana Pereyra a su vez, se ha constatado que acudía a tratarse en el mismo hospital estatal como si fuera parte de la plantilla ministerial.

En otro de los repetidos llamados al Parlamento a los que ha sido citado por la oposición el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, advirtió a los legisladores sobre la falta de avances en la causa del senador frentista, algo de por sí llamativo por tratarse de quien se trata. Un ex miembro del gobierno anterior que hoy actúa desde su banca en el Senado de la República. A partir de que se presentó la denuncia en julio de 2022, un año atrás, la causa solo ha tenido dos movimientos. Ambos ordenados por el fiscal Ricardo Lack-ner, -el mismo que la hoy tan cuestionada senadora Bianchi, tan conocida como temida por su caudal informativo, su mordaz ingenio y sus pocos reparos al opinar-, comentara que era conocido en el ambiente como el “Tortuga”.

La Comisión Investigadora que analiza el tema en el senado hace tiempo espera que Carrera efectúe los descargos sobre las acusaciones, pero hasta el momento el legislador no se ha dignado hacerlo a pesar de que ésta intenta aprobar el informe entre agosto y setiembre. Según afirma el senador Gandini, “existen sobrados documentos que prueban hechos de apariencia delictiva”. También se ha sabido que la fiscal a cargo, Silvia Porteiro, no ordenó ninguna acción luego de asumir el caso. El fiscal Gómez, quien accedió a reunirse con los legisladores, le encargó un informe a dicha fiscal. Fue entregado a los parlamentarios pero solo adelanta la decisión de citar a testigos sin especificar fechas. No da para despertar muchas esperanzas respecto de un cambio de ritmo.