Educación vs. pobreza

En poco más de 20 días (el 1° de agosto concretamente) el Ministerio de Desarrollo Social suspenderá el pago de 10.849 asignaciones familiares correspondientes a niños y jóvenes que no están yendo a estudiar. Alrededor de un 20% corresponde a niños que se encuentran en el ciclo primario y el grueso, aquel que va de 13 a 17 años en este caso, tiene su obligación en secundaria.

La decisión es efectivizada por el Mides y surge de un cruzamiento de datos entre la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Banco de Previsión Social (BPS), sobre una universalidad de 320.000 chicos. Como dijo el ministro Martín Lema, “desde el Mides y otras instituciones se van a agotar los esfuerzos para que esos niños se revinculen con el estudio”, pero si no se cumple “se suspende la prestación”.

La aplicación de esta medida ha despertado inquietudes en representantes de la oposición (el exministro y exsenador Daniel Olesker o en la exministra Marina Arismendi, por ejemplo) y del gobierno (la vicepresidente Beatriz Argimón), pero no ha pasado a mayores. Y, en este caso, la decisión del ministro es como debe ser: categórica. Es una fuerte presión hacia los padres para que sus hijos vayan a clase.

Esta medida denota enorme preocupación y responsabilidad por la suerte de esos miles de chicos, que quedarán condenados a vegetar en este mundo globalizado y competitivo, sin un bagaje mínimo que les permita encarar con cierto optimismo su futuro. La educación es la herramienta esencial de la inclusión social y si se carece de ella, los caminos que se les abren (o se cierran) a los que quedan fuera, son tremendamente peligrosos. No se necesita ser muy pesimista para augurarles un destino lleno de problemas, que golpearán fuerte a toda la sociedad.

Obvio que la sanción es antipática, que afectará sensiblemente a las familias involucradas. Pero no es arbitraria ni caprichosa porque, además, se ajusta al marco legal. Es una consecuencia de la actitud de los mayores -y de los menores- de rehusarse a aceptar la contrapartida de la ayuda del Estado. El Estado los asiste para que puedan escapar de una situación de marginalidad, pero ellos también deben querer escapar de esa condición. El único camino es buscar superarse y no resignarse a vivir de la caridad estatal, changas o cosas peores.

Queda claro que la tarea del Mides no puede empezar y terminar con la inclusión de personas (padres) en sus planes, que las asignaciones que reciben por cada menor son una ayuda para superar serias dificultades presentes, pero deben preocuparse para que sus hijos no repitan el mismo panorama. Que junto con la ayuda, el Mides debe buscar y asistir a esas personas en una tarea de concientización de por qué se realiza. Un buen trabajo de adoctrinamiento social (no solo electoral). ¿O la política del Mides es solo asistencialismo? ¿Se limita a asalariar la pobreza y no a erradicarla por el esfuerzo de cada uno y la educación de sus hijos?

Y hay un segundo aspecto a destacar: esta decisión del Mides es una señal de respeto a los contribuyentes. Las políticas del Mides se llevan adelante por los recursos que, a través de la cascada impositiva, aportan los ciudadanos. Los dineros no llegan al Estado por generación espontánea. Y no es cuestión de tirarlos a la marchanta y gastar porque sí, sino que debe optimizarse para que ese trajín cristalice en una mejora de la sociedad.

No hay dudas de que lo que busca con su política el ministro Martín Lema es ayudar a los que se encuentran en una situación marginal, pelear para reinsertarlos en la sociedad, tratar de que sus hijos se superen y tengan mayores oportunidades, enseñarles a que puedan luchar por su futuro, trasmitirles conocimientos y destrezas son tareas en las que nadie puede discrepar. Redunda en beneficio de la sociedad y redunda en beneficio de cada ciudadano. Todo lo contrario de asegurarle al que vive en la pobreza, que vivirá siempre en la pobreza -financiado por el Estado- y que el mismo destino les espera a sus hijos y a los hijos de sus hijos.

Si hay quietismo y pasividad por parte del Estado, significaría que se les está dando garantías -a través de sus impuestos que pagan otros- que siempre vivirán igual. Les pagan, por no hacer nada e incentivan para que no hagan nada. ¿Solo clientelismo político y electoral?

Eso es una afrenta al que trabaja y se priva de beneficios para pagar sus impuestos, que se transforman en los recursos públicos. Como dijo el ministro Lema, “si no hay contraprestación no hay prestación”. Sería, liso y llano, clientelismo político y electoral y eso no corre.