Desgarrante

El accidente ocurrido a principios de esta semana y que costara una vida, teniendo como protagonista nada menos que al padre, ejecutor involuntario del suceso, y a su hija como víctima, ha conmovido a nuestra sociedad. La muerte de un hijo, como consecuencia de un error de alguno de sus padres o viceversa, siempre agrava el tono de la tragedia. Es espeluznante que un padre, creyendo con fundamento estar ejerciendo el derecho de legítima defensa adentro de su domicilio, dispare en la penunbra creyendo hacerlo sobre un peligroso agresor y sin embargo resulte que el blanco sea el cuerpo de su propia hija. Que en el reducido ámbito de esa vivienda, pocos días antes se hubiera producido un copamiento que conmovió profundamente a toda la familia, explica esa macabra y cruel confusión .

Más allá de la horrenda tragedia, interesa subrayar el significado de este episodio en el marco de la situación en que la que viven hoy los uruguayos sin distinción de barrio y sin atisbos de solución. La cruda realidad es que hace tiempo corren el riesgo de extenderse ejemplos de gente no acostumbrada al manejo de las armas, que las adquieren y las comienzan a usar como elemento de una eventual autodefensa o la de su familia, todo ello en un clima cada vez más agudo de inseguridad pública que favorece la consumación de estas desgracias.

El episodio en sí puede analizarse desde distintos puntos de vista en cuanto a su relevancia social y es la pretensión de este editorial, enfocarlo por lo menos en los dos a que vamos a referirnos. Por un lado se trata de otra queja más, una protesta adicional, que viene a engrosar el peso del drama que significa vivir sin la seguridad que el Estado debe proveer. Que castiga a los ricos y aún más a los pobres que se encuentran más expuestos o indefensos, lo cual nos ha llevado hacia una manera de actuar que se caracteriza por el miedo a la convivencia con el prójimo desconocido.

Aquí no hay una competencia por estadísticas de eficacia entre las administraciones que se van sucediendo. El peor de los errores en que se puede caer es mirar los hechos bajo una óptica política. La gestión de un gobierno en materia de seguridad tendrá una mejor "performance" que la otra, pero no necesariamente por encontrarse más preparada para la defensa de la sociedad. Las gestiones a veces se destacan o se opacan por razones que no hacen demasiado, a lo que interesa del asunto; darle paz y seguridad a la población. Y para el aplauso o el rechazo, las posturas, la presencia mediática de los ministros, sus antecedentes y su imagen pública, tienen mucho que ver, así como es esencial la firmeza que transmite el poder, desde el Presidente en adelante. Y en consecuencia los resultados.

El otro punto de vista refiere a un hecho concreto que se empieza a repetir como una incrustación en el paisaje. Se tiene la sensación, y no es térmica, de que vivimos una guerra en donde las fuerzas de seguridad, justamente las que deben enfrentar al villano, no cumplen con su cometido. Es por ello que hace tiempo la población empezó a armarse. Al respecto, algunas de las primeras autoridades comunicaron que la gente sabe lo que tiene que hacer, como dejando la conducta a seguir a su arbitrio. Un enfoque que no compartimos. Las armas no están pensadas para una sociedad civilizada, aunque curiosamente, haya algunos países ejemplarmente democráticos, como EE.UU., donde para gran parte de su población el porte de armas es considerado como un derecho. El poder defenderse en caso de una posible agresión. El criterio opuesto es el de aconsejar a la gente, para evitar males menores, no agregar un riesgo adicional, máxime cuando la experiencia demuestra que en ciertas oportunidades favorece al delincuente.

La posición adecuada creemos que es la que se inclina por la prudencia. Esperemos no tener que llegar al extremo de tener que imponernos el equipamiento bélico, para defendernos de la delincuencia, aunque parezca que estamos cada vez más cerca. El clamor de los ciudadanos que marchan pidiendo seguridad, debe ser escuchado. El gobierno está en falta, por más que el índice de Mercer nos mantenga (sigue igual al del 2007) al frente en seguridad, en América Latina.