El gobierno que se va, lamentablemente para los uruguayos, confirma hasta en su etapa final las características que llevaron en los últimos años al deterioro de la calidad de vida de los uruguayos.

Ni siquiera para tratar de dejar una mejor imagen en los últimos meses se han revertido algunas de las tendencias que más nos afectaron negativamente y que contribuyeron decisivamente en la derrota electoral del oficialismo.

La lista podría ser muy extensa, pero concentrémonos en temas que hacen a la integridad física, al ejercicio de la libertad y la defensa de la propiedad. En materia de seguridad, los homicidios y las rapiñas siguen en crecimiento, en una tendencia tenebrosa que nos coloca en la mitad de tabla más violenta de un continente ya de por si violento. La tragedia del asesinato de un solo ser humano debería ser motivo de congoja, preocupación y toma de acciones por parte de un gobierno que se preciara por cuidar a su gente, pero eso desgraciadamente no ha ocurrido.

La propia presencia por una década de Bonomi al frente del Ministerio del Interior, alguien sin conocimientos en el tema, salvo que contáramos su nefasta experiencia guerrillera, habla por si sola. Los resultados desastrosos en esa cartera y el sostenimiento de un ministro que año a año presenta peores resultados solo se explica por la falta de contacto con la realidad del gobierno y la anestesia de la mayoría automática en el Parlamento que lo salvó lastimosamente de la censura.

En materia de hurtos y rapiñas, un tema que afecta a la mayoría de la población el desempeño fue especialmente negativo. Este tipo de delitos, que golpea a toda la población, y con particular intensidad a la población con menores recursos, da cuenta de una sociedad más violenta, a contrapelo de la tendencia mundial, y de la insólita capacidad de nuestras autoridades.

Otro delito que hace mucho daño a la producción nacional es el abigeato. Las imágenes que vemos todos los días de vacas, ovejas, caballos, etc., faenados sin inconvenientes en propiedad privada violentada han despertado la justa indignación de afectados y la población en general. Si a eso se suman las muertes y mutilaciones por personas o jaurías de perros salvajes se podrá comprender perfectamente la desesperación que en el interior despierta este tipo de delito que campe impune a lo ancho y largo del territorio.

Un tema especialmente sensible, que también muestra el desprecio del gobierno que se va por los derechos humanos de los uruguayos en la realidad concreta es la violencia doméstica, especialmente ejercida contra la mujer. La cantidad de femicidios y otra cantidad de casos también gravísimos sin llegar al asesinato que contaron como cómplices pasivos la inacción de las autoridades por la falta de respuesta y la falta de asignación de recursos para el combate a este flagelo marcan la distancia que existe entre el discurso y la acción.

Los mismos que se llenan la boca hablando en lenguaje inclusivo y concurriendo a cuanta marcha hay de repudio ante el asesinato de mujeres son los que le niegan la protección necesaria y los que desde el Ministerio de Economía, el Parlamento o la Intendencia de Montevideo niegan recursos que destinan a una multitud de fines absurdos. ¿Cuántas mujeres se habrían salvado con la protección policial necesaria? ¿Cuántas más si existiera el número necesario de tobilleras? ¿Cuántas si se asegurara la protección necesaria en materia de refugios y contención psicosocial? Que desde el gobierno recién ahora y sin tomar absolutamente ninguna medida concreta se declare la emergencia del tema es simplemente una nueva tomadura de pelo a todas las uruguayas y especialmente a las víctimas de su doble discurso.

La imagen de esta película de terror que hemos vivido y que todavía vivimos es muy clara. El próximo gobierno tendrá la tarea de revertir estas tendencias de forma que podamos ver en los años que vendrán como primero se logra detener y luego como comenzamos a desandar el camino. El presidente electo Luis Lacalle Pou ha dicho, con acierto, que muchos de los problemas de los uruguayos se pueden comenzar a resolver con sentido común y coraje, y ciertamente este es uno de esos asuntos.

Respaldando a la policía, sacando más efectivos a la calle, dándoles protección jurídica, mejorando la inteligencia policial, dándoles mejores herramientas y mejorando otros aspectos educativos, sociales, legales y judiciales podremos avanzar hacia una sociedad más pacífica. Con Jorge Larrañaga al frente en vez de Bonomi ya habremos comenzado a mejorar el panorama.