Certificados y drogas

Los primeros cimbronazos serios sobre la presencia de droga en el país se registraron en 2019. El 29 de mayo de ese año un jet privado con 600 kilos de cocaína que partió del Aeropuerto Internacional de Carrasco, tras hacer escala en Niza, fue detenido en el aeropuerto francés de Mulhose. Según las in- vestigaciones, la droga avaluada en US$ 180 millones llegaba para distribuirse en Suiza, Alemania y los Balcanes. Se trató, en ese momento, de una de las incautaciones más grandes realizadas en aeropuertos europeos.

Un par de meses después, el 1° de agosto, volvieron a sonar las alarmas en el puerto de Hamburgo, en Alemania, uno de los 20 puertos más grandes del mundo, cuando se encontraron 4.500 kilos (cuatro toneladas y media) de cocaína en un contenedor que llegaba desde Uruguay con destino a la ciudad belga de Amberes. La carga fue avaluada en 1.100 millones de dólares y batió el récord anterior en ese puerto que era de 3,8 toneladas (año 2017) de cocaína. Por el contrabando de drogas fue imputado Martín Mutio, propietario de la empresa exportadora de granos dueña del contenedor.

En medio de estos dos megaoperativos, el 23 de junio se produjo la fuga de cárcel central del capo italiano Rocco Morabito, uno de los capos de la mafia calabresa o ’Ndrangheta (“la mafia más extendida, poderosa y peligrosa de Italia” según El País de Madrid), conocido como el “rey de la cocaína de Milán” por su activa participación en el tráfico desde América Latina.

Con estos tres elementos el escenario quedó completo: las drogas y los narcos están instalados en el país y la lucha va a ser muy dura. Y no es solo en el Uruguay, sino que estamos rodeados.

Un informe de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos advierte que se fortaleció el accionar de organizaciones a nivel regional, entre los que se destacan grupos brasileños y argentinos, principalmente en la zona de Rosario, que está prácticamente en manos del narcotráfico. Estas organizaciones utilizan la hidrovía Paraguay-Paraná para canalizar las remisiones a Europa y en ese marco se ha constatado la utilización del puerto de Montevideo para enviar cocaína.

Con ese panorama y como si eso fuera poco, ahora se detecta la existencia en nuestro país de una banda que falsificaba certificados (médicos) para liberar a narcotraficantes. En algunas ocasiones, los delincuentes obtienen en forma directa prisiones domiciliaras gracias a certificados médicos truchos que no son debidamente controlados en los juzgados o que el Instituto Técnico Forense (ITF) daba por buenos para realizar sus dictámenes periciales.

Los certificados truchos fueron presentados por abogados en los juzgados especializados en Crimen Organizado de Montevideo, que son justamente dos.

En poco más de una semana, jefes narcos que habían sido beneficiados con prisión domiciliaria en base a certificados se fugaron. El primero fue Juan Antonio González Bica, a quien se le puso una tobillera que cortó y se esfumó. La abogada defensora de este narco enfrenta una prisión preventiva a causa de esta situación.

Y ahora apareció (o desapareció) Miguel Leal que tras una prisión efectiva de 105 días presentó documentación donde se decía que le faltaba un riñón. Se le dio la prisión domiciliaria, pero ni siquiera se tomó la precaución de colocarle una tobillera.

Estos episodios han generado la muy justificada indignación no solo del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, sino también de la Policía que arriesga su vida para detenerlos y de la ciudadanía en general que ve con preocupación lo que ocurre en el Poder Judicial.

Con este panorama, la Suprema Corte de Justicia elevó una circular a todos los juzgados y jueces del país para que revisaran las causas en las que se otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria porque no existe ningún elemento de control en estos casos.

En tanto, el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, Juan Fagúndez, expresó “que hay penalistas que tienen clientes en prisión domiciliaria que ya fueron convocados a audiencias para revisar las causas y determinar si los patrocinados continúan en este régimen o vuelven a la cárcel”.

Bienvenida esas medidas, pero nos quedamos con las reflexiones del ministro Heber: “Me preocupa mucho que no se tenga debida conciencia de que nos estamos enfrentando a una organización muy poderosa, que está haciendo daño a la sociedad uruguaya. Y que la ley tiene que ser muy dura con esa gente: entre otras cosas generan hurtos, rapiñas y homicidios. No vamos a bajar los brazos”.