Certificados de "dignidad política"

A juzgar por las últimas revelaciones del turbio caso Sunca, el desvío de recursos del Fondo Nacional de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) hacia campañas políticas involucraría a importantes dirigentes del Frente Amplio. El periodista Martín Mocoroa del semanario Búsqueda informó ayer que los sindicalistas detenidos incriminan directamente a dos legisladores del Partido Comunista: el senador Óscar Andrade y el diputado Daniel Diverio. Andrade rechazó la imputación, entrevistado por Radio Sarandí, calificando a quienes lo acusan de “delincuentes” y afirmando que los denunciará por difamación e injurias. Lo indudable es que se ha destapado un agujero maloliente y los insectos dictiópteros disparan para todos lados: las viejas afinidades y fidelidades sectarias se convierten de pronto en batallas campales, típicas de un sálvese quien pueda.

En la misma jornada, el Partido Comunista lo hizo de nuevo: emitió una declaración firmada por su Comité Ejecutivo en respaldo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y denunciando su conde-na a seis años de prisión por corrupción como “una grave crisis institucional”, “degradación democrática” y “utilización de la justicia como arma política”.

Con la misma fuerza con que el FA en su conjunto llamó a acciones de protesta contra el estado de Israel (en un Uruguay ya jaqueado por las amenazas antisemitas), ahora el PCU se solidariza con los “sectores políticos y populares argentinos movilizados en defensa de la democracia” (sic). Si la condena fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia, ¿a quién le importa? En el mundo paralelo de la izquierda marxista, la separación de poderes es un mero detalle a modificar, para alcanzar la meta de la revolución popular y bla bla bla.

La condena de la señora Fernández de Kirchner por delitos evidentes de corrupción se suma a la que recibiera el expresidente Alberto Fernández por violencia doméstica, sobre la que la izquierda -siempre embanderada con la causa feminista de la boca para afuera- mantuvo un estruendoso silencio. Pero cuando se trata de saquear recursos públicos, ahí se abroquelan en defensa de los infractores, redactando proclamas y protestando en la calle.

Quizá porque en el fondo creen que dichos recursos no están para ser administrados con honestidad, sino para ser gastados a su antojo, llámese allá causa de Vialidad o acá Fondes, regasificadora o estancia María Dolores.

Incluso dirigentes argentinos de izquierda no peronista, como Nicolás del Caño y Myriam Bregman, corrieron presurosos a abrazar a la expresidenta condenada.

Bregman llegó al extremo de declarar por televisión que “es sabido que los Poderes Judiciales de nuestros países responden a los amos del norte”. Así nomás. Cristina ya anunció que, si algún día vuelve al poder, arrasará con la independencia de los jueces, como acaba de hacerlo exitosa y patéticamente la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. A los miembros de la Suprema Corte los calificó de “monigotes” al servicio del poder económico, Magnetto y bla bla bla.

Es en este inquietante contexto que hay que leer el caso Sunca, al que aludíamos más arriba. Con responsabilidad de Andrade y Diverio o sin ella, lo cierto es que en nuestro sistema democrático hay cabezas que ven normal desviar dinero extraído de trabajadores y empresarios para financiar la campaña contra la LUC y de las listas comunistas en las elecciones nacionales. Quienes no creen en la democracia asumen con maquiavélica naturalidad que el fin supuestamente loable justifica los medios notoriamente espurios.

Son los mismos que en su momento propiciaron y aplaudieron los mazazos tributarios del ciclo de gobiernos frenteamplistas contra la clase media, pero que en más de un caso personal incumplen con sus propias obligaciones impositivas. Mientras arman telarañas de poder en Fiscalía, las usan para operar en su beneficio. Pero si el rigor de la ley les vuelve como un boomerang, no dudan en promover “reformas” que les permitan acomodar a jueces serviles.

La expresidenta argentina lo definió mejor que nadie: “estar presa es casi un certificado de dignidad política”, en ese permanente juego de palabras que confunde de manera intencional la decisión de una justicia independiente con las persecuciones de pasadas dictaduras.

Piensan todos igual: kirchneristas y socialistas argentinos, izquierdistas mexicanos y bolches uruguayos: no los une el amor, sino el espanto a la institucionalidad democrática que Montesquieu legó al mundo libre.