Certificaciones médicas

El gobierno anunció esta semana con bombos y platillos un acuerdo con el sindicato de los empleados públicos. El mismo, más allá de la alegría de ambos negociadores, significa una derrota para los ciudadanos en general. Un derrota incomprensible, además, que implica dar marcha atrás con una conquista que corregía en algo una iniquidad histórica en la sociedad uruguaya, y que ahorraba al erario público cientos de millones de dólares al año.

El tema de fondo es el de las certificaciones médicas en el estado, algo que el gobierno anterior trabajó profundamente para intentar solucionar. Y que heredaba, además, el trabajo que durante otros gobiernos previos había tenido en sus manos Conrado Ramos, uno de los principales estudiosos en la materia que ha tenido el país.

El asunto es simple de comprender. Mientras que un empleado de cualquier actividad privada que se enferma, al cuarto día de ausencia a su trabajo, tiene derecho a recibir un subsidio que implica el 70% de sus ingresos, los estatales tienen un privilegio especial. Incluso con el cambio procesado en el gobierno pasado, el empleado estatal tenía 9 días de cobertura del 100% de su salario. Antes, directamente no había limitación de cantidad de días.

Según se informó esta semana, el acuerdo ahora alcanzado, “estira” el plazo de 9 a 12 días, en los cuales el trabajador público seguirá cobrando el 100%. Pero, además, se buscará ampliar el listado de enfermedades que habilitan a no padecer ningún descuento. Según se informa en voz baja, el tema es que para modificar el régimen general se requería votar una ley, mientras que en el caso de la extensión del listado de enfermedades que no tienen descuento, se puede hacer por vía administrativa.

Aquí hay que señalar un par de detalles.

El primero, que el nuevo régimen no había podido se extendido a todas las ramas de la función pública, ya que ciertos entes autónomos, u organismos que cuentan con autonomía técnica, se negaban a aplicar el cambio.

Lo otro, que esa medida implicaba un ahorro multimillonario para el estado. Según había dicho la ex ministra Arbeleche, solo en la ANEP, el rubro de certificaciones médicas implica más de 100 millones de dólares al año. Por su parte, el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, sostuvo que gracias al cambio de régimen, logró reducir a la mitad la cantidad de licencias por enfermedad en su intendencia.

Es que es un secreto a voces, que el régimen de certificaciones en el Estado, ampara un verdadero carnaval de licencias, muchas de ellas buscando complementar fines de semana largos, y otro tipo de circunstancias inapropiadas. Todo a costo del contribuyente, que en su vida diaria no tiene ni cerca ese tipo de beneficio.

Es que el tibio cambio que puso en marcha el gobierno anterior, buscaba acercar el régimen público al privado, poniendo coto así a una iniquidad de las más chocantes que padece el sistema en el país.

Es insólito que un partido político como el Frente Amplio, que hace gárgaras todos los días con el tema de la igualdad, impulse y fomente esa desigualdad lacerante. Y que perjudica al que produce, beneficiando al que menos aporta al conjunto.

Por otro lado, es todavía más incomprensible que el Frente Amplio cometa este grave error político. El gobierno anterior había aprobado la reforma, y es el actual el que se iba a beneficiar con los ahorros, que le permitirían invertir ese dinero en otras necesidades. Sin embargo, al revocar ese cambio, se perjudica a si mismo, además de a todo el país.

¿Por qué hace esto? La respuesta es bien simple. Politiquería.

Los empleados públicos son un caudal electoral clave para el Frente Amplio, que hace décadas mantiene un discurso que se opone a cualquier cambio en el estado, que implique dotarlo de mayor eficiencia o productividad. En un país con 300 mil empleados públicos, se trata de un bastión electoral fundamental.

Pero un partido político tiene la responsabilidad de pensar en todo el país, no sólo en sus nichos electorales. No puede ser que por atender a un nicho que lo apoya, el Frente Amplio condene a todo el resto del país a ser ciudadanos de segunda. Si ese régimen es tan bueno, ¿por qué no se generaliza a todos los uruguayos? Por la sencilla razón de que significaría la quiebra inmediata del BPS.

Estamos ante una pésima decisión, que sólo agravará el problema de falta de dinero para atender las verdaderas necesidades del país. Para beneficiar a los privilegiados de siempre.