EDITORIAL
diario El País

Por fin, el cambio educativo

La reacción enfurecida de ciertas cabezas políticas y sindicales contra los cambios que impulsa el gobierno en educación pública es la mejor evidencia del nuevo tiempo que, felizmente, ya ha dado inicio.

Cuando uno escucha las declaraciones vertidas por las autoridades de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) en la conferencia de prensa que brindaron ayer, no puede menos que recordar aquel inefable pasaje del libro "Una oveja negra al poder" de Andrés Danza y Ernesto Tulbovitz, donde el expresidente Mujica decía sin pelos en la lengua que "hay que juntarse y hacer m... a los gremios de la enseñanza, no queda otra".

Fue una propuesta, además de repugnante, impropia de una democracia republicana como la nuestra, donde impera la libertad sindical con base en todas las garantías constitucionales.

Los tres gobiernos sucesivos del Frente Amplio, en uno de los cuales no faltó una declaración antidemocrática como la que acabamos de citar, en realidad no hicieron absolutamente nada para corregir el estado calamitoso de la educación pública. Peor aún: trabajaron resueltamente para agravarlo. Desarticularon aspectos fundamentales de la reforma de Germán Rama, generaron un Congreso Nacional de Educación donde imperó la ley del que gritaba más fuerte y consolidaron un cogobierno de hecho, ejercido por sindicatos ideologizados. Estos trabaron cualquier tímido intento de reforma hasta tal punto que, en su segundo mandato, Tabaré Vázquez se vio forzado a declarar la esencialidad y luego remarla para atrás. Así, esos mismos sindicatos se llevaron puestos a dos expertos que realmente querían procesar los cambios, como Fernando Filgueira y José Pedro Mir, con cuyas promesas en tal sentido el FA había ganado la elección de 2014.

Los resultados de las evaluaciones educativas siempre fueron desastrosos e indicativos de la profunda desigualdad sistémica en perjuicio de los quintiles más pobres. La solución de las autoridades, con la ministra María Julio Muñoz a la cabeza y con la presidencia del Codicen de quien ella denominó "el José Pedro Varela del siglo XXI", Wilson Netto, fue dejar todo como estaba y entregar una y otra vez espacios de decisión a sindicatos que ni siquiera compartían la fe frenteamplista, ya que eran y siguen siendo mandatados por sectores minoritarios de izquierda radical, con muy escasa representatividad de la inmensa mayoría de los docentes.

Con la Ley de Urgente Consideración, a estos apóstoles del "cuanto peor, mejor", se les vino la noche. A partir de ayer, entró a regir el cambio propuesto en la norma, que modifica la gobernanza de la educación pública y la ley de 2008, de manera de destrabar un statu quo que viene condenando a la ignorancia y la inequidad a decenas de miles de niños y adolescentes de los sectores más vulnerables de la sociedad. Desde ayer llega a su fin la puja de intereses corporativos en el seno mismo de los centros de decisión, el desprecio arrogante por los resultados de las pruebas PISA y por las mediciones del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, cuyos jerarcas se veían forzados en forma reiterada a renunciar, por las presiones de quienes querían acotar o censurar sus investigaciones.

Las nuevas direcciones generales en Primaria, Secundaria y UTU permitirán una gestión coherente, que asuma responsabilidades y no caiga en la indefinición de antaño, donde nadie se hacía cargo de los errores porque siempre había otro a quien culpar.

Las nuevas direcciones generales en Primaria, Secundaria y UTU permitirán una gestión coherente, que asuma responsabilidades y no caiga en la indefinición de antaño, donde nadie se hacía cargo de los errores porque siempre había otro a quien culpar.

La gran queja formulada ayer por las autoridades de Fenapes estriba en un equívoco conceptual risible. Hablan de que con este cambio se da "un profundo retroceso democrático", no queriendo entender que esto es lo que la ciudadanía quiso y defendió en las urnas de 2019: la LUC dio cumplimiento al Compromiso por el País que firmaron los cinco partidos integrantes de la coalición republicana, que en octubre de ese año recibieron el 60% de los votos. Retroceso democrático sería desconocer ese clamor ciudadano y mantener aquel corporativismo artificial. Está claro que a ese sindicato le sorprende enfrentarse por primera vez a un gobierno que ejerce la autoridad conferida por la ciudadanía, en lugar de traicionarla o hacerse el distraído.

Por otro lado, los sindicalistas se quejan de que estos cambios implican "un desmantelamiento del sistema de educación pública". Curioso comentario proveniente de quienes verdaderamente lo desmantelaron, retaceándola para los más vulnerables y garantizándola con creces para quienes podían pagar las opciones privadas.

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