EDITORIAL

La nueva versión del Ministerio del Interior es que Uruguay era un paraíso terrenal en materia de seguridad, hasta que apareció la serpiente con su manzana en forma de CPP que lo pudrió todo.

Los números sobre delitos difundidos por el Ministerio del Interior son terribles. Luego de tres gobiernos del Frente Amplio, con mayorías par-lamentarias propias y automáticas que le dieron patente de corso para hacer y votar lo que se les antojara, Uruguay califica entre los peores del continente.

Allá atrás, muy atrás, quedó la promesa de campaña de Tabaré Vázquez de reducir las rapiñas en un 30% (el número en ese entonces era de 10.287), tan incumplida o falsa como la de anunciar que no se aprobarían más impuestos durante su mandato o que se cambiaría el ADN de la enseñanza.

Pero a ningún frenteamplista se le mueve un pelo. Solo miran para el costado y buscan a quién echarle la culpa. En eso son expertos. Durante años, cuando los números venían complicados, el ministro Bonomi apuntaba hacia los jueces penales y los acusaba de ser responsables. Ahora el Ministerio del Interior ha encontrado otro “responsable”: el nuevo Código de Procedimiento Penal (CPP), aprobado por el Parlamento en 2014 y que entró en vigencia en noviembre de 2017. Año y pocos meses después hacen cola desde el ministerio para “pegarle”, con los fiscales (ya no son más los jueces) incluidos.

Si uno los escucha da la impresión de que antes del CPP, Uruguay era un paraíso terrenal en materia de seguridad, un edén de paz y tranquilidad. El CPP fue la manzana de la pérfida serpiente que pudrió todo y condenó a este país a vivir entre homicidios, hurtos y rapiñas. Pero las estadísticas no dicen lo mismo: el año 2017 cerró con un aumento de los homicidios del orden del 5,6% (de 268 pasó a 283), aunque sí registró una baja en las rapiñas, por lo menos las denunciadas, del 4,6% (de 18.797 a 17.934). Y si fuera cierta la maldad del CPP, el FA puede recurrir a las mismas mayorías propias y automáticas que usó para aprobarlo, ahora para derogarlo o modificarlo.

Aunque ese no era el pensamiento de Bonomi a fines de febrero cuando habló para Subrayado sobre delitos y delincuentes. Nada dijo del Código, apuntó para otro lado: “Yo sé que no lo creen, pero en Uruguay es donde menos avanza el delito (…) Yo creo que el avance del delito es por la voluntad del delincuente de cometer delitos y la voluntad de quien no era delincuente de transformarse en delincuente (…) La razón es que se producen cada vez más delincuentes en la sociedad…”. ¡Tomá vos! Sufrió un lapsus carnavalero y se olvidó de culpar a los jueces, los fiscales, el CPP o la oposición.

Lo cierto es que el avance del delito y los delincuentes es una cruda verdad. Vienen de la mano de barrios copados, auge del narcotráfico y la multiplicación de bandas, ajustes de cuenta (eufemismo por asesinato de un delincuente) y violencia al por mayor

No hay dudas de que lo que está atrás de todo esto es un Estado fallido en materia de seguridad, junto con el rotundo fracaso de la educación y de las políticas sociales del Mides. Se han gastado cantidades enormes de dinero en ambos rubros y los resultados son de espanto, como los del Ministerio del Interior que tiene un presupuesto de 850 millones anuales, más de 32.000 policías (uno cada 100 habitantes), moderno armamento y tecnología de punta, con el saldo de 414 homicidios en el año (uno cada 16 horas; el 60% de las víctimas no tenía antecedentes), 29.904 rapiñas (una rapiña cada 20 minutos) y los hurtos (denunciados) treparon a la friolera de 145.161.

Tremendo. La lógica indica que en cualquier actividad (pública o privada) si hay un responsable y le confían los recursos más importantes de la historia (en cantidad y calidad) para esa tarea y los resultados son justamente los peores de la historia, es un rotundo fracaso y un notorio caso de incapacidad.

Más grave cuando esa responsabilidad es cuidar de la vida y las propiedades de las personas, hombres y mujeres, niños y ancianos. Tiene razón el senador Larrañaga cuando dice que “en cualquier país serio del mundo un ministro que publica estas cifras se va, y si no se va lo saca el Presidente”. Pero acá no es así. El ministro no se va y el Presidente no lo saca.

Esa responsabilidad queda entonces en manos de los ciudadanos. En siete meses habrá elecciones nacionales y será el soberano quien decida si vamos a ser un país serio o continuamos tolerando a Bonomi y compañía en el Ministerio del Interior, a Marina Arismendi en el Mides, a María Julia Muñoz en Educación y Cultura, a Ernesto Murro en Trabajo o a Nin Novoa de canciller de Maduro. Si solo trocamos a los Vázquez, Astori o Mujica por Daniel Martínez, el ideólogo de la catástrofe de Ancap e Intendente campeón de la nada o “Cruella” Carolina y sus delirios de grandeza, estamos fritos.