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Bajar el costo de vida

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La percepción de que Uruguay es un país caro no es nueva. Desde hace muchos años vemos notas en medios de prensa que comparan precios en supermercados de nuestro país con otros del primer mundo, encontrándose en una amplia gama precios superiores en los primeros. Este fenómeno, por tanto, ha estado respaldado por evidencia concreta en la realidad y si a ese aspecto estructural le sumamos en los últimos años el abaratamiento de la Argentina como consecuencia de su destrucción económica y empobrecimiento masivo, es razonable que la percepción se haya amplificado.

Más allá de este aspecto tan relevante en el corto plazo y que afectó con especial intensidad al comercio del litoral del país limítrofe con Argentina, la mirada debe estar en el largo plazo, vale decir, aquello más permanente y que no depende de coyunturas particulares. En este sentido, la semana pasada fueron presentadas dos investigaciones en el Banco Central que intentaron responder a la pregunta del título.

La primera fue realizada por un equipo de CPA Ferrere y presentada por el economista Alfonso Capurro se titula “Barreras a la importación de frutas y verduras, impacto en el nivel de precios y volatilidad del Índice de Precios del Consumo”. De acuerdo a la nota que cubrió el evento publicada este viernes en el diario se encuentra que: “La investigación de CPA Ferrere analizó las barreras a la importación desde Brasil de ciertos productos de la categoría frutas y verduras, de significativa incidencia en el IPC uruguayo: papas, cebollas, zanahorias, tomates y manzanas. La principal conclusión fue que eliminar las barreras para la importación de esos productos ‘podría implicar una reducción promedio de 0,6%’ en el IPC de Uruguay y de 2,4% en el índice de alimentos y bebidas de dicho indicador. El análisis de precios llevado a cabo permite afirmar que la apertura de importaciones para esos productos ‘generaría una mejora en el bienestar de los consumidores’.”

La conclusión, por tanto, es clara, pagamos precios de frutas y verduras más altos que si existiera libertad de importación. Este mercado tiene la particularidad de que son los propios productores los involucrados en la habilitación de los permisos de importación conocidos como Safidi (solicitud de autorización fitosanitaria de ingreso) que como en tantos casos más que un control sanitario es una barrera proteccionista. La forma discrecional en que se otorgan estos permisos hace que, de hecho, el mercado esté perfectamente protegido en beneficio de algunas empresas y en perjuicio de los consumidores, vale decir, de toda la población. Esto, por cierto, tiene efectos directos en el poder de compra de los uruguayos, así como impactos directos en la salud. La dieta de los uruguayos es escasa en frutas y verduras en parte por los altos precios que pagamos.

La otra investigación realizada por el CED y presentada por el economista Ignacio Umpiérrez se titula “Desvíos a la ley de un solo precio en Uruguay”. Este documento encontró que Uruguay fue un 27% más caro en comparación con el promedio de 43 economías, según datos del Banco Mundial (2017) y de institutos de estadística de diversos países. La ley de un solo precio hace referencia a que en ausencia de barreras de entrada a los distintos mercados los precios tenderían a ser los mismos en todos los países y el desvío de esta regla da cuenta de situaciones de abaratamiento o encarecimiento. En concreto, el documento del CED encuentra que los principales desvíos se encontraron en los rubros alimentos y bebidas no alcohólicas (55%), productos de higiene y limpieza (58%), y en informática y electrónica (43%). Si no hubiera desvíos entre el conjunto de productos analizados se hubiera producido un descenso de 1,2 puntos porcentuales en el IPC. Para el CED, la eliminación de esos desvíos “tendría un efecto positivo desde el punto de vista del bienestar del consumidor”.

En definitiva, ambas investigaciones apuntan a una realidad que se ha metido, afortunadamente, en la campaña, en el discurso de distintos candidatos presidenciales. La campaña será una buena oportunidad para analizar las propuestas concretas para lograr abaratar el precio de productos de primera necesidad en la canasta de consumo de los uruguayos. Será, también, una oportunidad de apreciar si prima el interés general o las explicaciones particulares de cada ramo para explicar porqué en su caso particular la protección sí es necesaria. Con cada protección particular el conjunto pierde, y ya hace muchas décadas que todos perdemos mucho y, en especial, la población más vulnerable.

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