Antel Arena, nueva cita en fiscalía

El Fiscal de Delitos Económicos Alejandro Machado retomará en el correr de este mes las indagatorias por el caso de la construcción del Antel Arena. Tal como informara El País, una de las personas citadas para declarar por parte de Antel es el exvicepresidente de la empresa pública y actual ministro de Ambiente, Robert Bouvier, que en junio del año pasado fue el encargado de informar a la prensa sobre la denuncia penal.

Allí, entre otras cosas, quedó claro que el costo inicial del Antel Arena cuando la entonces presidenta de Antel Carolina Cosse anunció la obra fue de 40 millones de dólares. Pero a medida que la construcción avanzaba la cifra empezó a caminar: US$ 55 millones, luego a US$ 80 millones y finalmente al precio real y verdadero de 120 millones de dólares (US$ 119.721.147 exactamente). Esta cifra está documentada en la auditoría que trabajó en Antel desde el 2020 y sobre cuyos resultados se procedió a la denuncia penal.

También es conocido (y categórico) el pronunciamiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). De acuerdo a los informes de la auditoría instalada a poco de asumir el nuevo directorio de Antel, a los que podrían sumarse las denuncias que en la pasada legislatura formularon sobre todo Pedro Bordaberry, Pablo Mieres y Pablo Abdala, más los pronunciamientos del Tribunal de Cuentas de la época permanentemente desoídos, el dictamen final de la Jutep concluyó en que la construcción del Antel Arena fue un gran nido de irregularidades. Ese dictamen fue aprobado por unanimidad por el organismo, integrado por Susana Signorino (Cabildo Abierto) como presidente, Guillermo Ortiz (Partido Nacional) y Jorge Castro (Partido Comunista-FA que lo hicieron renunciar por haber compartido el texto del informe).

Como dijo el expresidente Julio María Sanguinetti, “hoy el Frente se abraza al Antel Arena, que naturalmente poco tenía que ver con el giro de una empresa telefónica. Fue un desvío jurídico y comercial incuestionable, que se sustentó hasta en falsedades, como la de invocar un presunto informe del Instituto de Derecho Constitucional que nunca existió y que presuntamente avalaba la violación constitucional. La simple razonabilidad nos dice que un estadio nada tiene que ver con una empresa telefónica, como no lo hubiera tenido que ver en la UTE. Razón por la cual hoy no se hace fácil administrar sin pérdida una instalación de esas características”.

Cabe destacar que durante todo el proceso de la obra e incluso una vez finalizada, sus datos estaban sellados y amordazados por la declaración de “confidencialidad” por 10 años que había decretado Antel y con lo cual se negaba a responder los pedidos de informes de los legisladores y -obvio que también- aquellos que formulaban los periodistas en el marco de la ley de Acceso a la Información Pública.

Es más, desde 2013 -Cosse presidenta de Antel- todas las compras fueron calificadas como “reservadas” y por tanto “confidenciales” o sea, secretas para los uruguayos en general. Y el 14 de mayo de 2019, cuando el Antel Arena ya estaba funcionando, una nueva resolución del directorio del Ente público declaró todo lo actuado en materia de gastos, ganancias, pérdidas, inversiones o lo que fuera relacionado con la obra, como “confidencial” por el plazo de 10 años. Secreto blindado hasta el 2029 si el FA hubiera ganado las elecciones de ese año y las siguientes.

Cuando el presidente Tabaré Vázquez asumió por segunda vez -y tomó conocimiento del proceso del Antel Arena- suspendió junto con su ministro de Economía, Danilo Astori, de inmediato las obras, pero fue derrotado en una pulseada interna por su ministra de Industria (Carolina Cosse) militante del MPP en esa época y que tuvo el respaldo del expresidente José Mujica.

Ahora se viene la segunda citación que se le hace desde fiscalía a la intendenta de Montevideo. La primera, realizada meses atrás, fue calificada por Cosse como “una opereta política”, basada “en una pseudoauditoría plagada de opiniones”.

Junto al ministro Bouvier -que irá acompañado por el penalista Gustavo Bordes- estarán presentes también los representantes de la empresa auditora. Además, ya se adjuntó en la denuncia el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en el que se constató “violación a principios y normas de conducta”, que podrían configurar “falta administrativa, sin perjuicio de las responsabilidades políticas, civiles y penales que puedan corresponder a los funcionarios involucrados”.

Es la hora del pueblo y el pueblo quiere saber.