Las dos noticias se dieron a conocer el mismo día. Parecen hechos desconectados entre sí, pero en realidad responden a los mismos problemas y desafíos.

Por un lado, se supo que la Fábrica Nacional de Cervezas cerraba su planta en Minas y concentraba todo en Montevideo. Según el sindicato, ello se debe a los altos costos de producción y, casi como consecuencia inevitable, a la creciente importación de bebida enlatada de bajo precio.

La otra noticia es la eventual aprobación en el Parlamento de la adhesión de Uruguay al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. La medida es apoyada por la mayoría del oficialismo, una parte del frentismo y la casi totalidad del ámbito científico y académico. Los frentistas que apoyan la ley piden libertad de acción para votarla. Cabildo Abierto la avala, pero con dudas. El temor es que el acuerdo tenga impacto sobre parte del agro y sobre ciertos sectores de la industria.

Tanto una situación como otra se originan en similares problemas: lo caro que es producir y consumir en Uruguay, la necesidad de reducir regulaciones y cargas que dificultan esa producción y la urgencia por abrir el país a otros mercados.

La apertura al país permitirá colocar más producción en el exterior, generar divisas y producir a una escala por encima del mercado local, lo cual ayudaría a abaratar costos.

También implica abrir nuestras fronteras a productos de afuera pues toda apertura tiene su contracara, pero ella es inevitable y el país ya debería estar pensando en medidas que hagan que su producción sea eficaz, modernizada y de bajo costo. Esto exige ajustes drásticos al principio que harían crujir la actividad productiva aunque con el tiempo se adaptará positivamente.

Que el país es caro, es bien sabido. Quedó en evidencia cuando el masivo éxodo oriental a comprar cosas baratas en Argentina. Exactamente las mismas cosas que se vendían en los comercios uruguayos... pero con precios uruguayos.

Es que más allá de ese período donde las diferencia de precios era acentuado, Uruguay siempre fue caro. No es novedad.

Lo que sí es novedad, es que la gente empieza a cansarse de esa realidad, porque sabe que hay causas que encarecen innecesariamente los precios de consumo diario. En la región, Uruguay figura como un país de buen nivel de ingresos, pero al comparar precios de alimentos, medicamentos, vestimenta o transporte público, ese buen nivel se neutraliza.

Algunos precandidatos coalicionistas tienen este tema en su agenda y quizás Laura Raffo sea quien lo puso bien alto en sus prioridades, pero todos entienden que se trata de un asunto que no se puede postergar. Es complicado, exige delicados ajustes, pero es imprescindible afrontarlo.

El sindicato de la bebida está preocupado, pero cuesta menos traer la bebida envasada desde afuera. Lo deseable sería producirla acá pero para ello el proceso debería costar lo mismo que la importada, cosa hoy imposible.

Mucha gente descubrió que en Brasil y en Argentina es más barato conseguir medicamentos (en cajas que traen más cantidad) que en una farmacia local de las que ofrecen descuento si se presenta receta, se paga con determinada tarjeta, se tiene tal edad, y se va en un día ya fijado. Aún con todas esas ventajas, sigue siendo conveniente buscarlos afuera.

Para el mundo científico y académico, la adhesión al tratado de patentes no solo simplifica la posibilidad de consolidar sus hallazgos, sino que los estimula a avanzar en la investigación y que sus resultados tengan relevancia.

Para ellos, el presunto temor a que el tratado perjudique determinadas áreas de producción no es excusa para rechazarlo. Quienes deben aggiornarse son las empresas, y quien debe allanar el camino es el Estado, hoy un demandante socio obligado de cualquier empresa que quiera hacer las cosas bien.

No es la primera vez, ni somos los únicos, que sostenemos que si Uruguay apuesta a la apertura comercial y quiere estimular su producción, debe empezar ya con un proceso de adecuación por parte de la industria, el agro y el comercio para ser competitivos en el mundo y aceptables para el consumidor local.

Para estimular esa necesaria adecuación el Estado debe simplificar la maraña de regulaciones que suman costos al que trabaja y produce, y debe revisar su excesiva carga tributaria.

Sería de desear que esa preocupación que expresan algunos precandidatos pueda convertirse en hechos en el próximo gobierno.