Abusan de la policía

Con gran alharaca, la oposición presentó un documento con lo que fue definido como “50 casos de abuso policial”, y emplazó al ministro del Interior Luis Alberto Heber, para que lo respondiera en 30 días.

La respuesta llegó en un plazo sensiblemente menor: anteayer, una semana después, el Ministerio del Interior publicó en su página web un vasto y contundente informe. Algunas de sus conclusiones son que “a la fecha, no hay ningún policía formalizado en los 50 casos presentados” y que, en cambio, 47 de las supuestas víctimas “cuentan con antecedentes penales” y 45 son “delincuentes formalizados y condenados luego de la denuncia”. De los casos restantes, hay dos imputados por abuso sexual, uno de ellos prófugo. Y esto se dio en el período de los años 2020 y 2021, durante el cual hubo 71.000 detenciones.

La verdad es que cuando uno descarga el informe completo del Ministerio del Interior y toma conocimiento de cada uno de los casos, la denuncia del FA parece de Ripley. Ya nomás para el arranque, se describe el caso de un hombre del departamento de Lavalleja (supuesta víctima de abuso policial) que maltrata, roba e impide comer a su abuela, habiendo sido procesado con prisión por venta de estupefacientes y con varias indagatorias por violencia doméstica, hurto y apropiación indebida. Cuando el agente policial concurre al domicilio para pedirle explicaciones por las denuncias de su abuela, el hombre “saca de la ropa una navaja y le lanza un corte al policía, el que detiene la agresión. Lo reduce y se cae al suelo mientras sigue intentando cortar al policía”.

Tómese el lector el penoso trabajo de leer todo el informe: la primera impresión que recibirá es la de una profunda indignación porque estas personas sean victimizadas por la oposición, en su intento de enlodar a la institución policial con la finalidad que ya conocemos.

Consultado ayer Fernando Pereira acerca de este espectacular papelón, se limitó a decir que lo que hizo el FA fue juntar las denuncias y a quejarse de que el ministro del Interior hubiera respondido tan rápido (sic). *

La verdad es que en el debate público se pueden expresar matices sobre distintos asuntos, pero hay un límite que no debería franquearse, que es el de la honestidad y un mínimo respeto a las instituciones.

Es muy triste que quienes convirtieron a la seguridad pública en un viva la pepa a lo largo de 15 años, ahora, en lugar de asumir su responsabilidad por los vergonzantes récords de homicidios, rapiñas y hurtos bajo su gestión, incurran en la insólita paradoja de culpabilizar a la policía. ¡Justamente ahora, cuando los uniformados cuentan al fin con las herramientas legales que necesitaban para defender a la población y que pueden enorgullecerse de la eficiencia de su accionar!

Es una eficiencia medida en cifras que no son frías: son vidas humanas salvadas del accionar delictivo.

Siempre nos preguntamos a quién recurren los dirigentes frenteamplistas cuando los roban por la calle o son víctimas de violencia intrafamiliar. ¿A quién eligen para buscar amparo y justicia? ¿A un uniformado de azul o a un narcotraficante? ¿A un funcionario que ha decidido ofrendar su propia vida en la defensa de la de sus semejantes o a un desquiciado que roba, viola y mata, a quien con tanto empeño parecen querer proteger?

En sus discursos públicos, no paran de explicitar su desconfianza hacia las fuerzas del orden, incluso equiparando la violencia de la que las acusan, con la que ejercen los delincuentes.

A esta altura cuesta creer que este razonamiento tan embotado obedezca a aquel seudo romanticismo sesentista, con Daniel Viglietti vendiéndonos a un asesino despiadado -el “chueco” Maciel- como heroico luchador social.

Ya pasó mucha agua bajo el puente; nuestras sociedades aprendieron lo que es el impacto del narcotráfico organizado, como para seguir pregonando que las personas delinquen porque son víctimas de la desigualdad; una estupidez que, además, es profundamente injusta con la inmensa mayoría de ciudadanos honestos que aspiran a salir de la pobreza con trabajo digno y valores humanistas.

Lo único que se puede interpretar a esta altura es que el discurso antipolicial es en el fondo coherente con la ideología de quien no cree en la institucionalidad democrática.

Quien sigue viendo en la violencia y en la anomia una suerte de purificación, en lugar de lo que es: una desastrosa degradación de la convivencia.

* Aclaración: Una versión previa de este artículo afirmaba que Fernando Pereira había dicho públicamente no haber leído las denuncias. Esa afirmación no pudo ser confirmada, y fue producto de un error, por lo cual se retiró del texto. A los implicados, las disculpas del caso.