Rafael Hermida Stefani | Canelones
@|En el proyecto de presupuesto en trámite, el MEC propone que la DGI pueda acceder sin orden judicial a las cuentas bancarias de los contribuyentes.
Una vez más el Estado busca obtener información detallada de las personas; ¿dónde queda la norma constitucional de protección de los papeles privados?
Por otra parte, el Estado mantiene en reserva y en muchos casos oculta información a la población. Lo mínimo que se puede exigir frente a la apertura de datos de las personas, es el acceso al detalle de todos los gastos de la totalidad de la agencias estatales, para que la población pueda tener un control real y ajustado de en qué se usa su dinero.
Por otro lado, propongo modificar la Constitución para que las observaciones del Tribunal de Cuentas obliguen de pleno derecho a no realizar los gastos observados, con penas a quienes los reiteren, y que los que ordenan estos gastos deban acudir al Legislativo para levantar la observación.
Nos ahorraríamos mucho gasto ilegal e inconveniente.
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de modo que se deslice hacia la izquierda.
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