Marcelo Gioscia Civitate | Montevideo
@|La recolección de firmas entre los ciudadanos miembros del Cuerpo Electoral con la finalidad de habilitar el mecanismo de democracia directa, promovido por la central de trabajadores PIT-CNT, habría alcanzado el porcentaje establecido en nuestra Carta Magna.

Informaron que alcanzaron 430.000 adhesiones que, luego de depuradas por la Corte Electoral, se estaría en condiciones de concretar una consulta popular –plebiscito- en la que habrán de pronunciarse todos los habilitados para votar en los próximos comicios. Se intenta por este camino lograr modificar el régimen jubilatorio imperante en nuestro país –desde que el actual gobierno promulgara la Ley que reforma la seguridad social en Mayo de 2023- introduciendo en la Constitución Nacional los puntos más significativos de la Ley vigente, contra los que se han pronunciado.

Pero lo que no advierten a quienes les solicitaron su adhesión, es que la materia previsional es de por sí tan cambiante como Proteo, y por ello debiera regularse por Ley y no ser materia constitucional (de por sí rígida y más difícil de modificar).

Al parecer, nada de lo expresado fue considerado al lanzar esta infeliz iniciativa, a nuestro modesto entender, tan precipitada como alejada de la mejor doctrina en la materia.

Nadie puede poner en duda que, este brazo sindical del Frente Amplio, ha hecho uso y abuso de este mecanismo “para que el pueblo decida”, en más de una ocasión; ello con tal de mantener viva la “militancia compañera” contra el gobierno de la Coalición Republicana.

Si alcanzaran las firmas y se habilitara esta consulta popular, nuevamente como en el caso de la LUC (Ley de Urgente Consideración) contra la que militaron, la mayoría de la ciudadanía sabrá rechazarla en las urnas.

Resulta significativa la interna de esta oposición, que por todos los medios pretende recuperar el poder del que se los desplazara en 2019. Soslayan la opinión técnica de profesionales economistas, que reconocen que no resulta viable el modelo de seguridad social que impulsa el plebiscito y huérfanos de todo apoyo académico y de todo diálogo social -que siempre invocan- no logran una definición clara, ni siquiera en sus dos candidatos en las elecciones internas.

Una firma, pero luego expresa que “estudiará y no quiere precipitarse” a adelantar su postura sobre el fondo del asunto; y el otro, no firma y en su vaguedad asegura que “no le parece el mejor camino”.

Tampoco aceptan debatir con quienes asumieron la responsabilidad técnica de la reforma previsional hoy vigente.

Sin embargo, impulsan esta modificación yendo contra la estructura del régimen mixto de 1996 -que creó las cuentas de ahorro previsional de las AFAPS- la edad de retiro, los años de aportes por trabajos, así como las fórmulas de cálculo.

Desconocen la valentía del actual gobierno que asumió la responsabilidad de modificar el régimen de la seguridad social, tantas veces postergado, sin medir costos políticos; pues se apuntó a la viabilidad y sustentabilidad del sistema y por sobre todo a la seguridad del bienestar general.