Ministerio de Trabajo

El Ciudadano | Montevideo
@|El proyecto de Juan Castillo es un insulto a la inteligencia; obligar a las empresas a pedirle permiso al Estado para echar a alguien, como si el problema de Yazaki o de los 1.200 desempleados fuera que “no avisaron con tiempo”.

El problema real es que Uruguay se ha convertido en un país caro, lento y hostil para producir y en vez de bajar impuestos, simplificar trámites o desarmar la maraña sindical que ahoga a las Pymes, el Frente Amplio elige la solución más cobarde; esconder la fuga de empresas detrás de un trámite burocrático.

Esto no es protección al trabajador; es maquillaje político para disimular el fracaso; notificar con 15 o 30 días no trae un solo inversor nuevo, no baja un peso del costo laboral, no evita ni un cierre, solo agrega más funcionarios revisando carpetas mientras las fábricas se van a Paraguay o cierran directamente sin avisar, porque total, avisar sirve de nada.

El mensaje real que manda esta ley es aterrador, en Uruguay ya no mandan los dueños de las empresas, manda el Ministerio y quien quiera invertir sepa que, para reducir personal, primero tiene que arrodillarse ante un burócrata frenteamplista.

Es la crónica de un país que prefiere regular la muerte antes que generar vida. Rechacémoslo sin anestesia, este proyecto no salva empleos, entierra los que quedan.