Marcelo Gioscia Civitate | Montevideo
@|Con la queja de los gobiernos departamentales se ha anunciado por la UNASEV (Unidad Nacional de Seguridad Vial) que a partir del próximo 2026, se implementara la libreta de conducir por puntos, tal como se ha venido aplicando en otros países.
Fallidos han resultado hasta el presente los intentos por disminuir la siniestralidad en el tránsito y son muchas las consecuencias que afectan vidas y economías de quienes se ven envueltos en estas tragedias cotidianas y que las sobreviven. Lamentablemente, se ha podido comprobar que la implementación de radares, cámaras y mayores controles, lejos de resultar efectivos para brindar mayor seguridad en el uso y goce de las vías públicas han tenido, por sobre todo, una finalidad recaudatoria muy alejada de la pretendida educación que debiera impartirse a quienes conducen. Son muy pocos los siniestros que se originan en fallas de tipo mecánico y según se ha registrado, la mayor parte de los accidentes se producen por imprudencia, o negligencia -cuando no desconocimiento- o lisa y llana violación de las señales de tránsito, cuando no por conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, de quienes se encuentran al frente de volantes.
Este nuevo sistema que pretende ponerse en práctica -cuya buena intención se descuenta- resulta a la postre y a nuestro leal y modesto entender una nueva limitación a las libertades de los habitantes de este suelo que, en su implementación, puede adolecer de arbitrariedades de compleja impugnación administrativa por parte de quienes puedan verse injustamente sancionados y por ello limitados en su derecho a circular, tanto por razones de trabajo como de esparcimiento.
Sabido es que “el camino al infierno está lleno de buenas intenciones” y entiendo que esta “solución” a la tan ansiada baja de la siniestralidad (que la justifica por quienes la promueven) en nuestras vías de tránsito, no dará el resultado esperado.
Será más que nada un nuevo experimento, y lo que es peor, una nueva forma de control y limitación a las libertades de la persona que tanto la Ley como la Constitución de nuestra República consagran y reconocen. La educación vial debiera implementarse desde temprana edad y no debe ser ajena a la formación en valores; entre ellos, el respeto a las normas y en especial a la persona humana y todo lo que ello significa.
Educar, por sobre todo, implica trasmitir esos valores en concordancia con todo un sistema equilibrado de normas, en los que se perciba el correcto funcionamiento de la sociedad en su conjunto, donde la convivencia en el tránsito sea reflejo de ese equilibrio que debiera imperar en una sociedad que se precie de su civilidad. Donde los controles de la autoridad pública resulten eficientes y eficaces en la implementación de políticas públicas que apunten efectivamente al bienestar colectivo y no sofoquen con controles excesivos y multas, la necesaria libertad en el orden, de la que deberíamos hacer uso cada uno de nosotros.