La brecha

Ciudadano esperanzado | Montevideo
@|En la sociedad uruguaya se percibe cada vez con mayor claridad una brecha que no se limita a las diferencias políticas o ideológicas tradicionales, sino que toca el corazón de nuestra visión de país. La sensación de muchos ciudadanos es que existen dos grupos con intereses y perspectivas de desarrollo distintos: por un lado, quienes confían en el esfuerzo personal, el trabajo y la educación como vías de superación; por otro, quienes parecen depender en exceso de la asistencia estatal y no logran salir de una situación de precariedad que se prolonga en el tiempo.

La realidad es compleja. No se trata de un país dividido entre socialismo y capitalismo puros, porque en Uruguay existe desde hace décadas un consenso implícito: la economía de mercado y la iniciativa privada conviven con un Estado fuerte en materia de derechos sociales. Las diferencias aparecen en la intensidad de cada énfasis y en la forma de administrar los recursos colectivos. A esto se suma un sindicalismo, con el PIT-CNT como central que trasciende lo laboral y actúa como actor político de peso, en clara sintonía con la izquierda.

Se da una polarización creciente. En las últimas dos décadas se ha acentuado la identificación política entre dos grandes bloques (el Frente Amplio, por un lado, y las coaliciones de centro y derecha por otro). Eso genera discursos más enfrentados, pero no significa que los proyectos de país sean radicalmente incompatibles: ambos reconocen la necesidad de combinar mercado y Estado, aunque discrepen en qué tan grande debe ser la presencia estatal y cómo distribuir recursos e impuestos.

En los debates centrales, los ejes de discusión suelen ser hasta dónde debe llegar la redistribución vía impuestos y gasto social, el papel de la empresa pública frente a la iniciativa privada, la apertura de la economía y acuerdos internacionales, la prioridad entre crecimiento económico y protección social.

La percepción de injusticia surge porque quienes trabajan y pagan impuestos sienten que su esfuerzo no siempre se ve correspondido, mientras se expande el número de personas sostenidas por transferencias estatales. El Ministerio de Desarrollo Social, creado con la intención de integrar y dar nuevas oportunidades, se enfrenta al desafío de que muchos beneficiarios permanecen largo tiempo en la misma situación de dependencia, lo que alimenta la idea de “estancamiento social” más que de desarrollo.

Nuestro país tiene una tradición de Estado protector, que busca que nadie quede totalmente excluido. La discusión de fondo no es si debe existir ayuda, sino cómo hacer que estas políticas sean trampolines hacia la autonomía y no colchones permanentes.

La verdadera salida está en combinar oportunidades reales con responsabilidad individual. Solo así se podrá cerrar la brecha y avanzar en un proyecto de desarrollo compartido.

Este debate no es exclusivo de Uruguay, pero aquí se expresa con particular nitidez: un país pequeño, con instituciones sólidas y con tradición de Estado protector, que sin embargo no logra cerrar la distancia entre el ideal de autonomía ciudadana y la realidad de amplios sectores vulnerables.

Quizás la reflexión final sea que el verdadero desafío consiste en lograr que las políticas sociales se conviertan en trampolines hacia la integración y la autonomía, y no en colchones que perpetúen la dependencia. Solo así podrá tenderse un puente sobre la brecha y recuperar un proyecto de desarrollo compartido. Pero lamentablemente hay actores de la sociedad que no colaboran en nada en tal objetivo.