Roberto Alfonso Azcona | Montevideo
@|Nunca lo que yo hago.
El sistema político uruguayo exhibe una hipocresía estructural, aplica criterios de racionalidad fiscal y “paranoia innecesaria” solo cuando no afecta a la clase política. Un artículo reciente critica el sobredimensionamiento de las Fuerzas Armadas (FFAA), con 22.800 efectivos.
Propone recortar 15% (3.400 efectivos) para ahorrar 70 millones de pesos anuales y redirigirlos a prioridades reales: educación, salud, infraestructura, combate a la pobreza, drogas y reincidencia.
Sin embargo, el mismo razonamiento nunca se aplica al aparato político. Uruguay tiene 130 legisladores (99 diputados + 30 senadores, más el Vicepresidente que preside el Senado y la Asamblea) para 3,5 millones de habitantes, uno de los ratios más altos per cápita en América Latina. El costo del Poder Legislativo ronda los 48 millones de dólares anuales, con salarios, asesores, jubilaciones especiales y gastos operativos (como polémicos sets parrilleros). Sumando 19 intendencias con estructuras clientelares, transferencias y burocracia, el gasto político supera con creces el de Defensa.
¿Por qué esta doble vara?
Conflicto de intereses directo; quienes deciden recortes son los beneficiarios, se invoca “defensa de la democracia” o “representación territorial” para preservar bancas e intendencias, mientras se tilda de “innecesario” el despliegue militar ante amenazas externas inexistentes. La cultura estatista uruguaya prioriza el Estado grande, pero solo cuando protege el poder propio.
En síntesis, se gasta primero en lo político (sueldos, estructuras, financiamiento partidario) y con lo que sobra se atiende lo esencial.
Mientras no haya presión ciudadana o reforma profunda (reducción del gasto político, fusión de servicios duplicados en gobierno e intendencias), la tijera seguirá para los militares y algodón para los políticos.
Uruguay podría ahorrar más y resolver mejor sus verdaderas amenazas internas, pero el sistema se cuida solo, hasta que los ciudadanos digan ¡Basta!